La Ley de Modernización Laboral, que comenzó a regir en marzo de 2026 con el objetivo de facilitar la contratación registrada y fomentar la creación de empresas, parece estar alejándose de las expectativas iniciales, según indicó el primer Monitor de la Reforma Laboral.
El documento destaca que el deterioro en el ámbito laboral es un fenómeno que se ha intensificado, con 13 meses consecutivos de descenso en el empleo privado formal, acumulando un total de 241.200 puestos eliminados desde el cambio de gobierno en noviembre de 2023.
Asimismo, se señala que esta pérdida de empleos abarca casi todos los sectores, incluyendo aquellos que, como la minería, el petróleo y la intermediación financiera, se caracterizan por su dinamismo. Esta situación se alinea con un informe del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que advirtió sobre la escasez de generación laboral en los sectores en expansión.
La disminución en la entrada de trabajadores al mercado formal, que alcanzó un mínimo del 1,6% sobre el total de ocupados, ha explicado la continua reducción de la masa salarial. En contrapartida, la tasa de desempleo se sitúa en el 7,9%, mientras que la subocupación es del 11,5% y la informalidad laboral asciende al 45% de los ocupados, marcando un récord histórico según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
En la actualidad, más de 6 millones de personas trabajan en la informalidad en el país, con 348.000 nuevos empleos no registrados sumados en el último año, en gran medida debido al auge del trabajo por cuenta propia.
Desde el punto de vista empresarial, el estudio considera que el impacto ha sido histórico. Desde el comienzo de la actual administración, se han cerrado 31.342 empresas en todo el territorio nacional. En el último mes analizado por el Monitor, se perdieron 709 empresas.
El efecto ha sido mayormente adverso para las pequeñas y medianas empresas, donde aquellas con entre 1 y 10 empleados experimentaron una reducción del 6,8%, y el 47% del total de cierres corresponde a unidades productivas con hasta 100 trabajadores.
Por sector, las mayores pérdidas se concentraron en Comercio (-8.758 empresas), Transporte y Almacenamiento (-6.915) e Industria (-4.158). Geográficamente, el cierre de establecimientos ha afectado a 23 de las 24 jurisdicciones del país, siendo las provincias del Norte y de Cuyo las más perjudicadas; Neuquén, por el contrario, mostró una leve ganancia (+72 empresas).
Respecto a las medidas clave de la reforma, el IAG argumentó que ‘el aumento de los meses de prueba y el banco de horas no parecen haber sido suficiente ‘incentivo’ para que el sector privado contrate bajo este nuevo esquema legal’.
En cuanto a los ingresos, el informe indica que los salarios privados han continuado perdiendo poder adquisitivo debido a la inflación. Cuatro meses después de la aprobación de la ley, el salario privado registrado ha mostrado una caída real del 3,7% en comparación con el promedio de enero a noviembre de 2023.
Además, se menciona que esta cifra asciende al 8% al considerar el IPC actualizado que no fue implementado por el Gobierno a principios de año, y el salario del sector público nacional reportó una disminución del 37,8% en el mismo período.
