El 10 de septiembre, se resolvieron dos casos —”Banco de Galicia c/ Municipalidad de Córdoba” y “Mutual de Ayuda entre Ferroviarios c/ Municipalidad de Pergamino”— que, considerados en conjunto, establecen una doctrina clara.
A lo largo de los años, muchas de estas tasas han sufrido una transformación silenciosa. Originalmente eran tarifas diseñadas para compensar un servicio específico, pero con el tiempo comenzaron a basarse en los ingresos de las empresas. Estas tasas crecieron automáticamente con la facturación y, en múltiples ocasiones, terminaron siendo un recurso para satisfacer necesidades generales de los municipios. Así, se convirtieron en un complemento de los Ingresos Brutos. La provincia grava la facturación de las empresas con este impuesto, y luego el municipio se basa en esa misma facturación para cobrar una tasa.
La diferencia es clara: el IVA es un impuesto de carácter nacional, mientras que los Ingresos Brutos son provinciales y son conocidos por su impacto distorsivo debido a sus efectos acumulativos que encarecen los precios. En contraste, una tasa sólo puede justificarse si existe un servicio que la respalde. Esta superposición de tributos genera costos económicos que a menudo pasan desapercibidos. Estos tributos se aplican en diferentes etapas del proceso económico, acabando por incorporarse al costo de producción, venta y prestación de servicios.
Así, una empresa puede no obtener ganancias y, sin embargo, verse obligada a pagar debido a sus ingresos. Cuanto más vende, más paga, lo que resulta ser un aspecto perjudicial de nuestro sistema tributario: en lugar de beneficiar a quienes crecen, se les castiga.
Esa es una de las principales conclusiones de la Corte. En el caso de Banco Galicia, el Tribunal cuestionó la justificación del tributo mediante una lista extensa de servicios municipales, que incluía actividades generales dirigidas al bienestar de la población. La Corte afirma que tal amplitud puede convertirse en una “coartada para gravar actividades”. La tasa necesita una justificación concreta, y la necesidad recaudatoria del municipio no puede ser esa justificación; el servicio específico debe serlo. Además, cuando el contribuyente niega haber recibido el servicio, no se le puede exigir demostrar un hecho negativo; corresponde al municipio demostrar qué servicio prestó, cuándo y cómo lo hizo.
Esta inversión de la prueba es relevante y puede afectar numerosos litigios. No basta con asumir que el servicio existió simplemente porque el municipio contaba con una estructura administrativa para ofrecerlo. La cobranza mensual exige más que tener inspectores en la nómina municipal; hay que inspeccionar antes de cobrar.
El caso de Pergamino es aún más revelador: la mutual afirmó que no había sido inspeccionada en casi cincuenta años, y las inspecciones utilizadas para justificar la tasa fueron realizadas solo después de comenzado el juicio. La Corte dejó en claro que una inspección posterior no puede validar retroactivamente una tasa previamente cobrada.
Asimismo, la Corte exige una periodicidad razonable en la prestación del servicio. No se necesita una inspección mensual o anual, pero sí algo más que la mera posibilidad de que algún día se preste el servicio. De lo contrario, advierte la Corte, la tasa corre el riesgo de convertirse en un “impuesto encubierto”.
Aquí se plantea un problema económico crucial: si una empresa incrementa su facturación, ¿duplican el número de inspecciones o el costo de prestarle el servicio? Generalmente no. Sin embargo, al calcular la tasa sobre los ingresos, la obligación puede aumentar solo porque las ventas crecieron.
La Corte permite utilizar la capacidad contributiva —incluso los ingresos brutos— como parámetro para distribuir costos, pero establece un límite: el resultado no puede ser desproporcionado ni desligado de la prestación del servicio.
Es crucial diferenciar que la capacidad contributiva puede ser usada para distribuir el costo del servicio, pero no para inventarlo o multiplicarlo. Surge así una incómoda interrogante que muchos municipios deberán enfrentar: ¿cuánto realmente recaudan con estas tasas y cuál es el costo de los servicios que afirman financiar?
El caso de Pergamino ilustra esta relación, ya que existe un límite en el costo global del servicio. Si la recaudación supera el monto necesario para su organización y prestación, el excedente puede estar financiando otras funciones del municipio, lo que hace que la tasa pierda su justificación. Ciertamente, cobrar más a quienes tienen mayor capacidad contributiva es razonable, pero no es lo mismo transformar a las empresas con más facturación en cajeros automáticos del municipio.
No es necesario probar que una tasa es confiscatoria; si lo recaudado se desvincula de los costos del servicio, se plantea inmediatamente un problema constitucional.
Este asunto va más allá de estos dos casos judiciales. Argentina enfrenta la necesidad de disminuir los costos de producción. Sin embargo, mientras se discute sobre cómo reducir los impuestos nacionales, parte de la presión fiscal podría trasladarse a provincias y municipios. Existe el riesgo de que lo que se intente aliviar en un ámbito resurja en otro.
No resulta útil reducir un impuesto nacional si al mismo tiempo provincias y municipios aumentan la presión sobre la misma actividad económica. Mucho menos cuando las tasas dejan de corresponder con el costo de un servicio y se comportan como impuestos generales. La competitividad no distingue entre jurisdicciones.
Para una empresa, no importa si el pago que afectará su margen va dirigido a la Nación, a una provincia o a un municipio; todo se suma al costo total en Argentina. Por ello, estos fallos tienen un significado que trasciende el debate jurídico sobre la naturaleza de las tasas; son un indicador de cómo debería organizarse el sistema fiscal argentino.
Los municipios requieren recursos y debe respetarse su autonomía, pero autonomía no implica soberanía tributaria sin restricciones, ni la capacidad de crear un segundo impuesto sobre la facturación bajo la denominación de “tasa” que se superponga a los Ingresos Brutos. Argentina precisa exactamente lo contrario: menos superposición tributaria, menos impuestos distorsivos y menos obstáculos para la producción, la inversión y la generación de empleo.
Los casos de Galicia y Pergamino ofrecen una guía clara: servicio concreto, prestación efectiva, periodicidad razonable, carga de la prueba a cargo del municipio y recaudación vinculada de manera razonable al costo del servicio. No parece un planteo revolucionario; simplemente se trata de llamar a las cosas por su nombre. Si hay un servicio, corresponde una tasa.
Pero, cuando el servicio se desvanece, la facturación se convierte en el hecho económico gravado y la recaudación se desvincula de su costo, el velo comienza a caerse. Durante años, muchas tasas municipales se han traducido en un complemento a los Ingresos Brutos.
La provincia ya dispone de su impuesto sobre la actividad; los municipios no pueden crear otro simplemente cambiándole el nombre. La Corte ha dejado en claro que renombrar un impuesto no lo convierte en tasa.
