La norma fue firmada por el presidente Javier Milei, el ministro de Justicia Diego Santilli y el secretario Juan Bautista Mahiques. Esta reforma permite que adolescentes a partir de los 14 años puedan ser objeto de juicio por delitos previstos en el Código Penal, aunque bajo un régimen específico y diferenciado del de los adultos.
El nuevo marco contempla la opción de imponer condenas, medidas alternativas y, en situaciones determinadas, la privación de la libertad. El Ministerio de Justicia será la autoridad encargada de coordinar el régimen, elaborar normas complementarias y establecer convenios con provincias, universidades, organismos públicos y entidades de la sociedad civil.
Uno de los cambios más significativos de la reglamentación es la introducción de la figura del supervisor especializado, que tendrá la responsabilidad de hacer seguimiento, proporcionar asistencia y controlar al adolescente durante el proceso judicial. Para acceder a este puesto, se requiere contar con formación académica relacionada con educación, pedagogía infanto-juvenil, psicología, adicciones o trabajo social.
La reglamentación también establece la creación del Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil, el cual será gestionado por el Ministerio de Justicia. Hasta que se complete la convocatoria pública para formar el registro definitivo, se elaborará un listado provisorio de profesionales calificados en un plazo máximo de 180 días. Los jueces serán quienes escojan al supervisor pertinente para cada caso.
Una vez que se constituya el registro permanente, los profesionales que no sean incluidos ya no estarán disponibles para nuevas asignaciones. Sin embargo, podrán seguir participando en los expedientes en los que ya estén involucrados, según lo disponga el juez.
Además, se establece un esquema de coordinación entre diversas áreas del Estado mediante la creación del Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil, un organismo permanente compuesto por representantes de cuatro ministerios: Justicia, cuyo ministerio tendrá la coordinación; Seguridad Nacional; Capital Humano; y Salud. Cada cartera deberá designar un representante principal y otro suplente, de un rango mínimo de director nacional.
Entre las funciones del comité están la elaboración de criterios comunes para la prevención, el tratamiento y la reinserción, el intercambio de datos estadísticos y técnicos, así como la posibilidad de formular recomendaciones no vinculantes. También será responsable de coordinar las acciones necesarias para aplicar las penas alternativas estipuladas por la ley.
El decreto contempla, además, la participación de varios organismos como colaboradores cuando los asuntos a tratar lo requieran. Se incluyen la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación y otros organismos del Poder Judicial.
A nivel federal, se ha introducido la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, concebida como un espacio permanente de coordinación entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La adhesión a este espacio será voluntaria y su coordinación estará a cargo de un representante del Ministerio de Justicia.
Este ámbito incluirá delegados de cada jurisdicción provincial y de la CABA, así como representantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación. Sus objetivos incluyen armonizar criterios técnicos y procesales, intercambiar buenas prácticas y fomentar acuerdos de cooperación entre las diversas jurisdicciones.
La reglamentación también incorpora normas vinculadas a los derechos de las víctimas, reconociendo garantías como la tutela efectiva, la asistencia especializada y el patrocinio jurídico gratuito. Asimismo, el Ministerio de Justicia deberá implementar capacitaciones continuas para jueces, fiscales, defensores y otros operadores que participen en el sistema de Justicia Penal Juvenil tanto en los fueros nacional como federal.
Por último, el decreto establece un sistema de comunicación con el Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de Justicia, que permitirá el seguimiento de los adolescentes incluidos en el régimen, respetando la confidencialidad del proceso como lo establece la ley.
