El documento confidencial que se firmó el 26 de septiembre de 2025 entre Facundo Leal, quien era el presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) —actualmente detenido e investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero— y el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibahian, sienta las bases sobre la cuestión en cuestión y plantea, además, dos interrogantes relevantes.
La certeza que resalta es que el gobierno de Javier Milei tomó como justificación la Ley de Bases y Puntos de Partida para llevar a cabo, sin el debido revuelo mediático, la firma del “Acta Acuerdo de Readecuación Contractual”, que pretende la extensión de la concesión para la administración de 35 aeropuertos en todo el país hasta el 2066. El beneficiario de este acuerdo es un excolaborador cercano del Presidente durante su paso por Corporación América. Un aspecto clave a considerar es que dicho vencimiento no se aproxima, ya que la concesión actual culmina en 2038.
Esto plantea, a su vez, dos interrogantes centrales. En primer lugar, ¿qué motivos verdaderos existen para prorrogar el plazo de la actual concesión doce años antes de que expire? En segundo lugar, ¿qué legitimidad tiene el Acta que está circulando, y que fue firmada por un exfuncionario que actualmente se encuentra detenido en una causa en la que el fiscal Ramiro González ha puesto el punto de mira sobre los integrantes más altos de la administración del ORSNA por sospechas de corrupción, entre otros delitos? La justicia está llevando a cabo una investigación que analiza patrimonios, contratos y posibles irregularidades en la gestión de fondos públicos dentro del organismo regulador, en la que están implicados, además de Leal, la presidenta actual de ORSNA, Noelia Florencia Ruiz; la vicepresidenta, Lucila Belén Pagani; y el “controller”, Facundo Gaitán.
Poco tiempo después, entre estos movimientos, se firmaron dos “actas secretas” adicionales, en las que se ha evidenciado un cambio de postura. Mientras que la primera reafirma lo acordado por Leal y Aeropuertos Argentina, la siguiente transforma ese documento en un mero “antecedente”. Sin embargo, es importante señalar que, en todo momento, Noelia Ruiz ha sido parte del Directorio del ORSNA.
La extensión de la concesión se establece hasta 2056, con la posibilidad de ser prorrogada por otros diez años, lo que posibilitaría que Aeropuertos Argentina mantenga el control sobre las terminales aéreas hasta 2066. No obstante, a pesar de este vaivén, el Gobierno y Aeropuertos Argentina aún están en stand by debido a las diferencias en torno al cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la concesión, que la empresa de Eurnekian busca que se mantenga cercana al 16,45%, o incluso un punto superior a esa cifra. A lo largo de este proceso, han surgido complicaciones. Por un lado, el Gobierno ha decidido no aumentar las tarifas aeroportuarias para compensar el déficit. Por otro lado, como medio de presión, Aeropuertos Argentina ha suspendido una inversión de casi 600 millones de dólares programada para obras hasta el 2030, a pesar de que hay evidencias suficientes que indican que, independientemente de la renovación, Aeropuertos Argentina tiene la obligación de realizar esas inversiones y cuenta con los fondos necesarios para ello.
Además, se debe considerar la inacción de un fondo fiduciario oscuro destinado a obras de infraestructura, el cual se nutre del canon que Aeropuertos debe pagar por la concesión. En este marco, el Estado termina contratando a las empresas pertenecientes al grupo Eurnekian para llevar a cabo esas obras, creando un ciclo en el que el canon retorna al holding, que luego reinvierte los fondos. Esto suscita preguntas sobre la eficiencia del Estado en la concesión de todas sus terminales aéreas. También se pone en duda qué TIR exactamente se están discutiendo, la de Aeropuertos Argentina, o la del conglomerado Eurnekian, quien se beneficia de esa contratación.
El temor de Eurnekian por este proceso de renovación es doble. Originalmente, el contrato con Aeropuertos Argentina finalizaba en 2028, y la prórroga anterior, argumentada por la pandemia durante la administración de Alberto Fernández, ha sido cuestionada por la Auditoría General de la Nación (AGN). Si los cuestionamientos relacionados con esta prórroga se concretan, se estima que el contrato podría quedar invalidado en un plazo de 18 meses, en febrero de 2028. Por esta razón, la urgencia por conseguir una nueva prórroga hasta 2066 se vuelve primordial, constituyendo un posible salvoconducto más allá de la resolución de la AGN.
El acta firmada en condiciones de alto secreto por Leal y Ketchibachian sostiene que la Ley de Bases es el único argumento que justifica la extensión de la concesión a Aeropuertos Argentina (anteriormente Aeropuertos 2000). Se afirma que “la Ley N° 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos ha introducido modificaciones significativas al texto de la Ley Nº 17.520 de Concesión de Obra Pública, ampliando su ámbito de aplicación y reafirmando su carácter contractual, dotándola de instrumentos para preservar el equilibrio económico de los contratos. En este mismo orden de ideas, la nueva regulación busca otorgar al contrato de concesión la certeza, estabilidad y seguridad jurídica necesarias para facilitar la obtención de financiamiento que permita cumplir con las inversiones a cargo del Concesionario”, se sostiene en las primeras páginas del documento. En este sentido, Leal interpretó que el artículo 7 bis de la Ley 17520 le brindaba la facultad de “extender el plazo de la concesión hasta un periodo igual al originalmente establecido, cuando se hayan presentado razones de fuerza mayor o actuaciones de la Administración que resulten determinantes para la ruptura de la economía de la concesión”.
Sin embargo, ya se ha señalado que Aeropuertos Argentina había recibido previamente una prórroga en 2020 debido a la pandemia, alargando el contrato hasta 2038, cuando originalmente vencía en 2028. La actual intención es extenderlo hasta 2066, no por razones de salud pública, sino bajo el amparo de una nueva ley. Curiosamente, en las páginas 5 y 6, el documento firmado por Leal, a cargo del ORSNA, vuelve a mencionar la pandemia como justificación para conceder otra prórroga.
Leal, ex presidente de ARSAT y del ORSNA, está bajo la lupa por múltiples acusaciones, que incluyen corrupción, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tenencia de drogas con fines de comercialización y posesión de equipos destinados a espionaje.
Las actas secretas no se limitan a la primera firmada por Leal. En octubre de 2025, el ex presidente del ORSNA ratificó otro documento, ahora acompañado por su sucesora, Noelia Ruiz, en el que el directorio del organismo discute y aprueba el acuerdo previamente firmado por Leal y Ketchibachian. En este nuevo documento, se determina “ratificar el denominado ‘Contrato de Infraestructura Aeroportuaria correspondiente al Grupo AA del SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS – Acta Acuerdo de Renegociación Contractual’ suscripto por el señor Presidente del ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS y el CEO del Concesionario AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.” (sic).
En esta segunda acta secreta, se evalúan los motivos que llevan a Aeropuertos Argentina a solicitar la prórroga. Uno de los principales ejes de debate se centra en la ecuación económico-financiera del contrato. La Gerencia de Regulación Económica y Financiera indica en su informe que “en caso de concluir el presente proceso, corresponderá al ORSNA asumir la responsabilidad de desarrollar una nueva versión de la Reglamentación aplicable al Proceso de Revisión de la Ecuación Económica Financiera”. Al finalizar el expediente, se menciona que “el procedimiento de renegociación ha culminado con la propuesta de un plan de inversiones que realizará el Concesionario durante el periodo 2026-2030”. A pesar de que el contrato en vigor no finaliza de manera inminente, sino que se extiende hasta 2038, esta última línea es empleada por Aeropuertos Argentina como un argumento para ejercer presión en busca de formalizar la prórroga.
La secuencia de acontecimientos no se detiene aquí. Tras la detención de Leal, para borrar cualquier rastro de su implicación, Noelia Ruiz firmó otra acta secreta el 10 de junio de 2026. Sin la presencia de Leal, pero con una clara alusión a su legado, se presenta como una “revisión” y se comunica que se ha resuelto “la reanudación del procedimiento de renegociación contractual”. Este último movimiento es intrigante, ya que convierte el expediente previamente rubricado por Leal en un simple “antecedente”: “estableciendo en este acto nuevas bases operativas orientadas a mejorar la motivación, el análisis de impacto económico-financiero y la fundamentación técnica de los institutos a incorporar en el futuro instrumento contractual, con especial énfasis en los aspectos abordados en el Acta Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2025, la que servirá como antecedente de trabajo”.
El gobierno está realizando esfuerzos por “salvar” las actas firmadas por Facundo Leal, quien fue detenido con 2,4 millones de dólares y drogas en su poder y que ahora se encuentra bajo investigación por corrupción.
El legislador Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica ha hecho eco del tema en el Congreso Nacional, acusando a la gestión de Javier Milei de favorecer a su ex jefe Eduardo Eurnekian con contratos relacionados al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones. Ferraro denunció además que el acta para extender la concesión hasta 2066 se firmó en secreto. La inquietud que expresó Ferraro fue la siguiente: “Lo que está sucediendo con la posible renovación de la concesión de Aeropuertos 2000. Concesión que sabemos que hubo una prórroga por el anterior titular (Leal) a Noelia Ruiz donde se pretendía prorrogar esta concesión al 2056 con un plazo después superior a 10 años más hasta el 2066. Que podamos saber cuáles son los motivos o cuál va a ser el nuevo pliego a ofertar para lo que es la cuestión de la operación comercial de los distintos aeropuertos, no solamente los principales que conocemos, sino en todos los que están también concesionados en el resto del país.”
A raíz de esta denuncia, las presiones ejercidas por Eurnekian han llegado no solo al ORSNA, sino también al legislador opositor. Diferentes fuentes del gobierno han indicado que el acta secreta está “paralizada” y que, al reanudar las negociaciones con la TIR como tema central de discusión, no solo intervendrá el ORSNA, sino también la Secretaría de Transporte de la Nación, que hasta ahora ha mantenido su distancia del proceso. No se requiere ser politólogo para deducir que las tensiones internas en el Gobierno se están filtrando en este proceso.
Por otra parte, especialistas han destacado que “hay mucho secretismo sobre el acta que se firmó. Me parece un despropósito extender la concesión 11 años antes de que se venza. Se vence en 2038 y ellos la quieren extender en 2026 o 2027, me parece un error importante. Es difícil saber qué hay detrás de eso. Evidentemente hay situaciones de vínculos políticos previos del Presidente con Eurnekian. Eso hace que haya diálogos que no están claros para toda la sociedad, se hacen a puertas cerradas”.
Asimismo, no faltan quienes señalan otros elementos operativos, como “medidas de seguridad mínimas” y la baja calidad en el mantenimiento de las infraestructuras, lo que se evidencia no solo en el estado de las pistas de aterrizaje recientemente renovadas, sino también en las sucesivas inundaciones que se han registrado.
Más delicados son los cuestionamientos en torno a la administración del Fondo Fiduciario para el Mantenimiento de Aeropuertos, cuyo uso nadie en el Congreso se atreve a poner bajo investigación.
Así, queda claro que la cuestión no se cierra aquí, sino que se trata de un capítulo más dentro de un proceso que promete más episodios por venir.
Por primera vez, el acta completa firmada por Facundo Leal que acarrea consigo la extensión de la concesión doce años antes de su fecha de vencimiento está disponible para el análisis público.
