El porcentaje establecido por la autoridad monetaria surge del promedio ponderado mensual de las tasas aplicadas en agosto por el sistema financiero para préstamos personales sin garantía real. La regulación impone que las empresas no financieras emisoras de tarjetas no pueden cobrar una tasa de interés compensatorio que exceda en más de 25 por ciento dicho promedio. Este grupo incluye emisores vinculados a grandes cadenas comerciales y otros entes de crédito fuera del sistema bancario tradicional.
Sin embargo, el 66,44 por ciento no se traduce en una tasa uniforme aplicable a todas las tarjetas. Para las entidades financieras existen otros parámetros: la tasa para la financiación de saldos no puede ser superior en más de 25 por ciento a la que cada banco impone en sus préstamos personales. Además, la referencia proporcionada por el Banco Central se refiere a una tasa nominal anual y no necesariamente refleja el costo financiero final que enfrentará quien decida refinanciar su resumen.
Esta normativa cobra especial relevancia ante el deterioro de las finanzas familiares. Según el último informe sobre Bancos del Banco Central, la irregularidad del crédito al sector privado apenas se redujo de 7,7 a 7,6 por ciento en junio, marcando la primera caída desde enero de 2025. Sin embargo, esta mejora aún no ha logrado revertir el incremento acumulado durante el último año y medio.
La situación se torna particularmente crítica entre las familias, donde la irregularidad se mantuvo en junio en 12,8 por ciento de la cartera, cifra que se repite desde mayo, interrumpiendo una racha de 18 meses de aumentos. En enero la irregularidad era de 10,6 por ciento. Durante el primer semestre, este indicador tuvo un aumento acumulado de 3,5 puntos porcentuales, ubicándose 7,7 puntos por encima del nivel registrado en junio de 2025.
La estabilidad, según el Banco Central, se relacionó con factores como la transición a cuentas consideradas irrecuperables y fuera de balance de deudores que hasta mayo estaban dentro de la cartera irregular. Asimismo, el crecimiento real del financiamiento total ha influido. Por lo tanto, el estancamiento de junio no necesariamente indica una mejora en la capacidad de pago de las familias.
Al analizar los préstamos de manera desagregada, el deterioro se torna más evidente. Los préstamos personales presentaron una irregularidad de 16,4 por ciento en junio, aumentando 0,5 puntos respecto a mayo y 4,5 puntos desde diciembre. Las tarjetas de crédito mostraron una mejora mensual de 0,5 puntos, aunque los atrasos todavía alcanzaron el 12,6 por ciento de la cartera, con un incremento acumulado de 3,3 puntos durante el primer semestre.
También se han incrementado los incumplimientos en otras modalidades de crédito. La irregularidad de los préstamos prendarios llegó al 7,9 por ciento y en los créditos ajustados por UVA alcanzó el 11, superando el 10,5 del mes anterior. En contraste, los créditos hipotecarios mantienen el nivel más bajo de atrasos, con solo 1,6 por ciento.
El deterioro también se extiende a los financiamientos fuera del ámbito bancario. La cartera irregular de los proveedores no financieros de crédito alcanzó el 26,9 por ciento en febrero, casi el doble que seis meses antes. En este segmento coexisten fintechs, billeteras virtuales que otorgan préstamos, emisoras no bancarias de tarjetas, cooperativas, mutuales y cadenas comerciales que financian directamente las compras.
En lo que respecta a las empresas, notable es la diferencia. La mora en el financiamiento corporativo se situó en 3,5 por ciento durante junio, manteniéndose estable en comparación con mayo, aunque acumuló un incremento de un punto porcentual en el primer semestre. Los créditos hipotecarios para empresas presentaron una irregularidad del 5,2 por ciento, los prendarios del 4,5 por ciento, los adelantos en cuenta corriente del 3,6 por ciento y el descuento de documentos del 3,2 por ciento.
Con este nuevo límite para las entidades no financieras, el panorama del crédito al consumo ha cambiado. Para un número creciente de hogares, las tarjetas y los préstamos se han transformado en un recurso para complementar ingresos y enfrentar gastos cotidianos. Con una morosidad aún elevada, refinanciar estos consumos implica trasladar hacia el futuro una carga de intereses que consume una parte significativa de los ingresos disponibles.
