La conversación en torno al uso del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para financiar hipotecas ha atraído la atención de diversos actores que destacan los beneficios que podría ofrecer tanto para la actividad económica como para el propio fondo. Desde el Gobierno se han lanzado las primeras señales, lo que ha enfocado la atención sobre las diferencias existentes en la política económica.
“Tenemos la forma de desarrollar esto. Pero júntense, armen un fondo inmobiliario entre seis o siete bancos o sociedades de bolsa. Si hacen eso, puedo conseguir multiplicar eso con plata de organismos multilaterales, o se podría hacer con fondos del FGS,” comentó el ministro de Economía, Luis Caputo, hace un mes durante la 31° Exposición Internacional de la Construcción y la Vivienda, que organizó la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU) junto con la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV).
Estos comentarios generaron expectativas en un sector que ha sido golpeado por la paralización de la obra pública y el aumento en los costos de financiamiento y construcción. En el sector se sostiene que la actividad está actualmente un 20% por debajo de los niveles de 2023.
Los despachos de cemento, que experimentaron un ligero aumento en los últimos dos meses, se mantienen todavía un 14,5% por debajo de su mejor momento en 2025, según señalaron desde CEDU y AEV. Este impulso ha sido principalmente impulsado por la obra privada, visible en el aumento de solicitudes de permisos para edificios de calidad superior.
Asimismo, los bancos están prestando atención, ya que se encuentran al borde de la capacidad de otorgar créditos hipotecarios y esperan encontrar una solución que les permita “descargar” estos préstamos, es decir, vender las carteras, para recuperar financiamiento y así poder ofrecer nuevos créditos en el futuro.
Desde ese momento, han comenzado a activarse algunos canales de comunicación para evaluar la iniciativa del ministro. Se han llevado a cabo conversaciones preliminares con representantes del equipo económico, que han escuchado las propuestas del sector privado. Las empresas se han informado de que el FGS cuenta con una liquidez de aproximadamente u$s 1000 millones invertidos en plazos fijos. Aunque este monto no significaría una reactivación significativa, “es algo” consideran los actores del sector.
Además, estos recursos no podrían ser destinados a alternativas como la compra de acciones, ya que esta operatoria ha impulsado el crecimiento del rendimiento del FGS, que se encuentra cerca del límite máximo permitido del 15%.
Todo esto ha avivado las expectativas del sector, aunque éstas recibieron un freno por parte del Ministerio de Desregulación, que se mostró escéptico respecto al uso de los recursos para estimular la actividad.
No obstante, quien podría haber influido en la resolución de esta disputada interna fue precisamente Georgieva.
Durante su conferencia en el Ministerio de Economía, la funcionaria del FMI fue la primera en expresar abiertamente su preocupación por la división en torno al crecimiento de la actividad y adelantó las iniciativas del Gobierno.
“Reactivar es el tema principal de debate”, afirmó, destacando que los sectores menos dinámicos observados incluían la construcción, los servicios y la logística. “Por eso el foco del Gobierno en términos de reformas y respaldo, dentro de la capacidad fiscal limitada, debe estar allí”, sentenció.
En cuanto a las alternativas en análisis, subrayó la necesidad de mejorar las condiciones financieras para quienes toman préstamos, así como el saneamiento de las carteras morosas de los bancos. Otra opción que se presentó en relación con el financiamiento de la economía real fue “ampliar el mercado de capitales, por ejemplo, el de las hipotecas, que en Argentina son escasas, pero que pueden ser un instrumento útil para aumentar la construcción y conectar a los consumidores con la economía.”
