El proyecto había recibido media sanción en Diputados el 5 de junio y estaba en condiciones de ser sancionado el día de hoy. Sin embargo, el interbloque Unidos no pudo resolver sus diferencias y la sesión se demoró.
Se espera que las actividades en la Cámara alta de Santa Fe se reanuden a fines de julio, dado que se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento durante las próximas semanas.
Según información de un medio provincial, el diálogo entre la facción socialista del bloque y el grupo alineado con el intendente Pablo Javkin se interrumpió debido a las modificaciones que la Cámara baja santafesina introdujo al texto original presentado por el senador Ciro Seisas.
La propuesta que llegó a Diputados contemplaba sanciones severas para quienes realizasen esta actividad, que abarcaban desde trabajo comunitario hasta arrestos por reincidencia, y preveía agravantes para casos de amenazas o violencia.
Durante el debate, se introdujeron cambios con el fin de restringir la aplicación de las sanciones a aquellas personas que actúen sin autorización y en áreas donde exista una prohibición establecida en la normativa local.
No obstante, se mantuvieron las penas para quienes cobren de manera intimidatoria por el servicio de estacionamiento o cuidado del vehículo, así como una prohibición de acercarse al lugar de la infracción por un período máximo de 60 días, con opción a extenderlo hasta 120 en situaciones especiales, como eventos masivos.
Además, se añadió un artículo para la creación de dos juzgados de primera instancia, uno en Rosario y otro en Santa Fe, que se encargarían de manejar los trámites relacionados con posibles contravenciones.
Previamente, el ministro de Seguridad provincial había solicitado que la resolución de conflictos se lleve a cabo de manera más rápida. “No me traten al cuidacoches como si hubiera que hacerle un juicio y nombrar un fiscal. Eso es un despilfarro. Hay maneras más económicas de resolverlo, como permitir que la policía lo retire y listo”, indicó el funcionario.
En este contexto, el Senado debía decidir si acepta o rechaza las modificaciones, pero no se llegó a un acuerdo y ahora los senadores tendrán al menos tres semanas para intentar superar las diferencias.
En la Legislatura porteña, un proyecto similar fue aprobado el 18 de junio, en una reforma del Código Contravencional impulsada por Pro y La Libertad Avanza (LLA), que incrementó las multas hasta los $6,6 millones, amplió los plazos de arresto e introdujo nuevos agravantes en torno a situaciones de intimidación, organización previa y actividades en eventos masivos.
La normativa también contempla un agravante específico para los casos en que se demuestren amenazas o conductas intimidatorias hacia conductores y aumentó las penas en caso de existir una organización detrás de esta actividad, así como sanciones agravadas para quienes la realicen en un radio de hasta 30 cuadras de estadios, recitales, parques u otros eventos de gran afluencia, desde tres horas antes de su comienzo y hasta dos horas después de su finalización.
