La decisión fue tomada este jueves por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes, en función del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, rechazaron el planteo de la defensa de Cristina Kirchner, que cuestionaba la forma de actualización del monto originalmente establecido para el decomiso. Asimismo, desestimaron el recurso de la defensa de Lázaro Báez, que impugnaba la competencia del Tribunal Oral Federal 2 para llevar a cabo esta etapa del proceso.
El Tribunal Oral Federal N° 2 había determinado en la sentencia condenatoria un decomiso de $84.835.227.378,04 por el daño causado al Estado, con la indicación de que esta cifra sería ajustada al momento en que el fallo adquiriera firmeza, según pudo conocerse por fuentes cercanas al caso.
El 6 de diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N° 2 impuso una pena de seis años de prisión a Cristina Kirchner por administración fraudulenta en detrimento de la administración pública, en el contexto de 51 licitaciones de obra pública en Santa Cruz, absolviéndola, sin embargo, del delito de asociación ilícita. También fueron condenados Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director nacional de Vialidad Nelson Periotti y otros ex funcionarios, además de la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos que le fue impuesta a la ex mandataria.
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la sentencia el 13 de noviembre de 2024 y, posteriormente, el 10 de junio de 2025, la Corte Suprema desestimó los recursos extraordinarios interpuestos contra las condenas, que quedaron firmes.
Luego de este fallo, el Tribunal Oral procedió a ordenar la detención de los condenados y a actualizar el monto del decomiso. Para ello, intervino el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, junto a peritos de las defensas y del Ministerio Público, actualizando la cifra a $684.990.350.139,86, basándose en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025.
La defensa de Cristina Kirchner, liderada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, argumentó que el monto original era provisorio y cuestionó el uso del IPC como base para su ajuste. Por su parte, la defensa de Lázaro Báez propuso que el proceso de decomiso debía desarrollarse ante el Tribunal Oral Federal 4, debido a la condena que pesa sobre el empresario en la causa conocida como ‘la ruta del dinero’.
Con esta resolución del jueves, la Corte Suprema ratificó los fallos de las instancias previas y consolidó el monto actualizado del decomiso que deberán afrontar solidariamente los condenados en la causa Vialidad.
