La Sala I ha decidido que Integridad Republicana, representada por el abogado Carlos Negri, se sume como acusador particular. A partir de ahora, dicha organización tendrá acceso al expediente, la facultad de proponer medidas de prueba y la posibilidad de cuestionar los avances de la causa.
Antes de formalizar su vinculación como querellante, la organización ya había recusado a Lijo, argumentando que su inacción anticipó una solución al litigio, lo que consideraron un “prejuzgamiento encubierto”. Entre los integrantes de esta asociación se encuentran la exnúmero dos de la UIF en el gobierno anterior, María Eugenia Talerico; el radical Fabio Quetglas y la exdiputada del ARI Marcela Campagnoli.
Los magistrados que han admitido la inclusión de Integridad Republicana al caso —Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi— ya habían incorporado a una ONG llamada Contadores Forenses en 2024, la cual había perdido su participación activa tras el fallecimiento de Alfredo Popritkin, a pesar de que el juez Lijo había rechazado previamente su inclusión.
“Entendemos que resulta procedente su constitución como tal […]. Ello, en tanto los hechos y conductas que conforman el objeto de la pesquisa podrían conculcar derechos colectivos fundamentales de la sociedad en general, cuya defensa y protección se encontrarían abarcados por el objeto social de la organización”, expusieron los magistrados.
Integridad Republicana se une como querellante a las provincias de Mendoza y Chubut, las cuales también fueron aceptadas en el mismo pronunciamiento del juez en noviembre. Estas provincias están representadas por el abogado Bernardo Saravia Frías, exprocurador del Tesoro en el gobierno anterior y figura clave en las tramas internacionales del caso.
El expediente está siendo tramitado en el Juzgado Federal N° 4, bajo la supervisión de Lijo y la intervención de la Fiscalía 7, que inicialmente era liderada por el fiscal Carlos Cearras, actual fiscal de Cámara, y ahora se encuentra a cargo de Ramiro González. Sin embargo, la investigación no ha sido delegada.
La causa YPF se originó en 2006 como una denuncia, pero en 2008 se concretó la entrada de la familia Eskenazi a la compañía, lo que pasó a ser uno de los ejes principales del expediente debido a las características de dicha operación.
Entre 2007 y 2011, el Grupo Petersen, encabezado por la familia Eskenazi, adquirió el 25% de las acciones de YPF a través de un sistema de préstamos que se supuso serían pagados con los dividendos generados por la propia empresa. Según la denuncia, que fue presentada y luego ampliada por Elisa Carrió, YPF sufrió un sobreendeudamiento del 800% entre 2005 y 2012 para financiar la llegada del Grupo Petersen. Además, se informa que se distribuyeron dividendos por 5.000 millones de dólares, de los cuales 1.700 millones habrían sido “inexistentes”, es decir, pagados sin beneficios reales.
Un acontecimiento significativo que redefinió el contexto del expediente ocurrió en 2012: la estatización de YPF, promovida entonces por el viceministro de Economía Axel Kicillof. La adquisición de acciones desatendió dos artículos del estatuto de la compañía que obligaban a realizar la misma oferta de compra a todos los accionistas minoritarios.
El Estado volvió a tomar el control mayoritario de la petrolera, que hasta entonces era gestionada por la empresa española Repsol, lo que desató una serie de controversias legales en Estados Unidos cuando el fondo Burford Capital compró los derechos de litigio de dos empresas del Grupo Petersen, las cuales alegaron haber quebrado tras perder los dividendos tras la reestatización de YPF.
Burford adquirió esos derechos de litigio en el marco de un remate judicial en España relacionado con la quiebra. En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York falló a favor de la Argentina, ordenando el pago de 16.100 millones de dólares por el incumplimiento del mencionado estatuto. Sin embargo, en marzo de este año, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito revocó el fallo, aunque reconoció que Argentina había violado el estatuto, sosteniendo que las leyes de expropiación prevalecen sobre cualquier estatuto comercial interno. La estrategia legal argentina, que se ha mantenido constante a lo largo de distintos gobiernos, estuvo a cargo de Saravia Frías, quien ahora representa a las provincias querellantes.
