El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, ha presentado un recurso de queja solicitando al máximo tribunal que evalúe la decisión que dejó el caso en manos de la Justicia federal de Campana.
Villar recurre a la Corte tras la declaración de inadmisibilidad de su recurso extraordinario por parte de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. En su solicitud, el fiscal busca que se revoque el fallo que asignó la causa al juzgado de Campana y que la Justicia correspondiente se ocupe del asunto, tanto por la materia como por el ámbito territorial involucrado.
El argumento del fiscal se centra en la importancia de asegurar que el juez natural lleve adelante la investigación. Villar sostiene que la decisión de Casación no consideró que la pesquisa no se limita únicamente a la propiedad en Pilar, sino que incluye potenciales maniobras económicas relacionadas con la AFA y la posible comisión de delitos de administración fraudulenta contra la asociación. Dado que la sede de la AFA se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires, argumenta que la causa debería tramitarse en dicho distrito.
El fiscal ha expresado: “Se otorgó competencia a un tribunal que no es el juez natural de la causa”. Además, cuestiona que Casación haya considerado que la temática del lavado de activos correspondía a la Justicia federal sin analizar adecuadamente la competencia territorial ni el contexto completo de la investigación.
La controversia judicial tuvo su inicio con una denuncia contra Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, quienes son señalados como posibles testaferros de Toviggino. Según la denuncia, adquirirían un inmueble en Villa Rosa, Pilar, a través de la firma Real Central SRL, sin poseer la capacidad económica para justificar dicha transacción, lo que sugiere la comisión del delito de lavado de activos.
La defensa de Pantano y Conte solicitó que el caso fuera atendido por el juzgado federal de Campana, argumentando que la propiedad se encuentra dentro de su jurisdicción. Sin embargo, el fiscal enfatiza que el foco del caso va más allá de la ubicación del inmueble y debe abarcar las maniobras presuntamente llevadas a cabo en la AFA.
En su recurso, Villar también menciona que hay otros expedientes vinculados a la asociación y sus directivos, algunos de los cuales están envueltos en disputas de competencia pendientes. Expone que centralizar causas de interés público en un tribunal que él considera incompetente podría dar lugar a lo que se conoce como “forum shopping” –un término que describe la práctica de elegir un tribunal que se percibe como más favorable.
Villar argumenta que la intervención de la Corte es imprescindible para proteger la garantía del juez natural y resolver los distintos conflictos de competencia. Además, resalta el “interés institucional” del caso debido a la relevancia de la AFA en el ámbito público, mencionando que en Estados Unidos se desarrolla una investigación por lavado de activos y fraude bancario que involucra a algunas de las personas señaladas en las causas locales.
La presentación de Villar se lleva a cabo tras una serie de decisiones judiciales relativas a la tramitación del expediente, que ha pasado por diferentes juzgados y fueros. En agosto, Casación determinó que continuara en la Justicia federal de Campana. El 6 de octubre, la Sala I desestimó el recurso extraordinario presentado por el fiscal para elevar la discusión a la Corte. Ahora, Villar solicita que el tribunal más alto acepte su queja y revierta esta decisión.
El caso es conducido por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien investiga la adquisición del inmueble que figura a nombre de Real Central SRL y la posible vinculación de Pantano y Conte con Toviggino.
