El Ministerio justificó su actuación en la Ley de Modernización Laboral, que declara a la educación como un servicio esencial. Según esta norma, durante un paro, debe garantizarse al menos el 75% de la prestación habitual.
Según trascendió, el ministerio dirigido por Sandra Pettovello realizó un operativo en las escuelas de la provincia y comenzó a obtener resultados durante la mañana. A las 11 de la mañana se habían levantado 128 actas: se inspeccionaron 47 establecimientos, 61 permanecieron cerrados y en 20 se impidió la entrada a los inspectores.
El nivel de ausentismo registrado fue del 83,1%, mientras que únicamente el 8,4% de las instituciones funcionó normalmente. Estos datos son preliminares y sólo reflejan la realidad de los lugares alcanzados por el operativo.
Las inspecciones continuarán a lo largo de la jornada, con un nuevo informe programado para las 13 horas. A partir de las actas recopiladas, el ministerio buscará determinar las organizaciones que participaron en la protesta y si se han producido incumplimientos de la normativa vigente.
Desde el Ministerio de Capital Humano criticaron a la dirigencia sindical y a los sectores de la oposición que apoyaron la manifestación. “Vamos a iniciar un proceso sancionatorio”, afirmaron fuentes de la cartera. Las medidas puntuales se definirán una vez que concluyan las fiscalizaciones y se evalúen las responsabilidades de cada entidad.
En principio, el procedimiento abarca a los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que incluye al Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).
También se está considerando la participación de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que respaldó la medida. La identificación de las organizaciones que se verán afectadas por los expedientes dependerá de la información recabada durante las inspecciones.
Por el momento, el Gobierno ha optado por avanzar en el ámbito administrativo, aunque aún no ha determinado multas ni sanciones específicas. Los procedimientos deberán determinar el grado de implicación de cada sindicato en el conflicto así como cualquier incumplimiento que haya sido observado.
Para el Ejecutivo, el cierre total de las escuelas constituye un elemento crítico de la recolección de datos. La cartera hizo una distinción entre aquellas instituciones donde todos los docentes adhirieron al paro y aquellos donde algunos continuaron con sus labores.
Los 20 casos en los que se impidió el ingreso de los inspectores también fueron documentados en las actas. El ministerio examinará las circunstanciales de cada caso y los obstáculos que encontraron los agentes durante el operativo.
El respaldo jurídico para esta intervención encuentra su bases en el artículo 101 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, sancionada por el Congreso el 27 de febrero de 2026 y publicada el 6 de marzo en el Boletín Oficial. Esta disposición reemplazó el artículo 24 de la Ley 25.877 y categorizó como servicios esenciales a la atención de menores y a la educación en todos sus niveles.
La reforma estableció que los conflictos colectivos que afectan servicios esenciales deben garantizar una cobertura mínima del 75% de la actividad habitual. Por esta razón, las medidas de fuerza de los sindicatos en estas áreas quedan sujetas a un régimen destinado a mantener la continuidad de las prestaciones educativas.
El artículo 102 también introdujo regulaciones para la organización de los servicios mínimos, incluyendo la obligación de preavisar sobre ciertas medidas, definir las modalidades de prestación durante el conflicto y asegurar su cumplimiento. La sección 24.6 permite sanciones de acuerdo a las leyes 14.786, 23.551 y 25.212 ante incumplimientos de procedimientos conciliatorios o decisiones de las autoridades competentes.
La implementación de esta reforma en el campo educativo ha sido objeto de un debate judicial. El 1 de abril, el Juzgado Nacional del Trabajo 74 determinó que el reclamo de la Unión Docentes Argentinos (UDA) contra la declaración de esencialidad quedara bajo una medida cautelar que suspendió de manera temporal varios artículos de la ley.
Sin embargo, el 23 de abril, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo otorgó efecto suspensivo a la apelación del Estado contra la cautelar dictada en el caso impulsado por la CGT. Esta decisión restableció la vigencia de las disposiciones cuestionadas mientras continúa el debate judicial sobre su legalidad.
La fiscalización de esta ocasión incluyó modificadas respecto a operativos anteriores. A diferencia de veces previas, Capital Humano no anunció previamente qué escuelas serían inspeccionadas, con el propósito de obtener registros directos del funcionamiento de los establecimientos durante la huelga.
El paro docente de 24 horas coincidió con una jornada nacional de protestas educativas y con la quinta Marcha Federal Universitaria. Los sindicatos reclamaron por una mejora salarial, la reapertura de negociaciones paritarias, la reinstitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la convocatoria a la paritaria nacional y más recursos para el sistema educativo.
Asimismo, plantearon demandas referidas a las condiciones de trabajo y a regímenes jubilatorios. Esta medida representa un nuevo capítulo en las tensiones existentes entre la administración de Javier Milei, los sindicatos docentes y el gobierno de Axel Kicillof, encargado de la gestión de las escuelas en la provincia.
Las acciones del ministerio estarán enfocadas exclusivamente en el paro en las instituciones bonaerenses. Aunque la protesta universitaria ocurrió en el mismo día, pertenece a otro conflicto y no será parte del proceso sancionatorio que se está preparando desde la cartera nacional.
Mientras el operativo sigue en marcha, el Gobierno consolidará las actas, identificará a los sindicatos involucrados y delimitará las responsabilidades administrativas. Los resultados finales determinarán el alcance de los expedientes y las posibles sanciones contempladas por la normativa.
