En una audiencia virtual, el tribunal rechazó la solicitud de la fiscalía, que demandaba una condena de 10 años de prisión efectiva, así como la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo período y la revocación del arresto domiciliario al que estaba sometido. Tampoco se aceptó el pedido de los abogados de la familia Rey, quienes argumentaban que la pena debería elevarse a 15 años.
El juez Alejandro López determinó en su fallo, cuyo texto completo aún no ha sido divulgado, que la acción de Cabaleyro que limitó el acceso a la empresa durante cinco días se trató de una protesta sindical legítima y no de un bloqueo. El juez no tomó en cuenta las evidencias, incluidas fotografías, grabaciones y testimonios que mostraban los aspectos violentos de la medida adoptada por los sindicalistas.
Al absolver a Cabaleyro, el magistrado dispuso su inmediata liberación, dado que el sindicalista se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria tras haber sido arrestado en abril de 2022 junto a Fernando Espíndola, otro representante del sindicato, en virtud de la orden de detención emitida por la jueza de Garantías de San Nicolás. Ambos habían sido señalados como responsables de los bloqueos realizados a Distribuidora Rey, buscando reclutar a sus 35 empleados y hacer que fueran parte de su representación sindical, en lugar de permanecer bajo el sindicato de Comercio.
El tribunal también exoneró a otros seis acusados que habían participado en el bloqueo. La atención del juicio se centró en la figura de Cabaleyro, ya que Espíndola no participó debido a un acuerdo de procedimiento abreviado alcanzado a principios de septiembre, que implica una negociación entre el imputado, el fiscal y su defensor, e espera la homologación de la jueza Elena Baquedano, y que podría resultar en una pena máxima de seis años de prisión.
El Norte, un medio de la región, recordó que el juez López es el mismo que, en septiembre de 2023, había sentenciado a Pablo Javier Gordillo a cinco años de prisión, otorgándole arresto domiciliario, a pesar de que un jurado popular lo había declarado culpable de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, en un caso que involucraba a una menor desde los siete años.
La sentencia que absolvió a Cabaleyro y a los otros seis imputados será objeto de apelación por parte de las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, además de la abogada de la familia Rey, Florencia Arietto.
Arietto manifestó que la decisión del juez consagra la impunidad, aunque afirmó que “el país no tiene destino con la impunidad total”. Subrayó que la resolución significa que “se puede instalar un camión ante una empresa, impedir el trabajo y no ocurre nada, al menos en San Nicolás”. La abogada añadió que seguirán luchando legalmente y que es inaceptable justificar el impedimento del trabajo, afirmando que el bloqueo está comprobado y ha causado un daño evidente. Aseguró que la impunidad que ejerce el Sindicato de Camioneros sigue activa y que es necesario llevar el caso a la instancia de Casación.
