Además de la crisis educativa, existen otros problemas que, aunque no son intrínsecamente estructurales, impactan desde el exterior y alteran el contexto internacional en el que se desenvuelve Argentina. Un ejemplo claro es la creciente sensación de que nos encontramos al borde de una tercera guerra mundial, una percepción que se ha agudizado por recientes acontecimientos, como el ataque de los hutíes en Medio Oriente. Este grupo armado, vinculado al islamismo chiita, tiene control sobre una región estratégica, lo que complica aún más la situación geopolítica.
Sin embargo, a pesar de la magnitud de estos problemas, lo que ha conmocionado recientemente a la institucionalidad argentina es un debate aparentemente menor: la posibilidad de que los extranjeros adquieran tierras en el país, así como el alcance de esa propiedad. Aunque este tema puede parecer secundario, ha destapado fragilidades políticas significativas en el gobierno de Javier Milei. La preocupación por este asunto no es menor, ya que está intrínsecamente relacionada con cuestiones más profundas que preocupan a quienes observan el devenir político del país: ¿cuáles serán las condiciones y el escenario electoral del próximo año?
El nubarrón que rodea este debate de tierras se enmarca dentro de la discusión sobre la ley 26.377, que establece límites a las propiedades que pueden adquirir los extranjeros en Argentina, legislación promulgada durante el mandato de Cristina Kirchner. Este tipo de regulaciones no son inusuales a nivel global; países como Brasil, Nueva Zelanda, Suiza, Australia y varios estados de EE.UU. también imponen restricciones similares. Por ejemplo, en Hungría la propiedad extranjera está prohibida del todo.
El kirchnerismo introdujo esta ley con una perspectiva nacionalista, en un contexto donde el gobierno de Milei llegó al poder adoptando una postura decididamente opuesta a dicho nacionalismo, hecho que resulta aún más sorprendente dado su fervor por la cuestión Malvinas. Aparentemente en contradicción con su ideología, el gobierno de Milei emitió el decreto 70/2023, que contiene múltiples directrices para regulaciones y desregulaciones, todas ellas ideadas por el ministro de Economía, Federico Sturzenegger.
El artículo 154 de dicho decreto deroga la ley establecida durante la era de Cristina Kirchner y, en consecuencia, elimina las restricciones de propiedad para extranjeros. Este cambio fue rápidamente judicializado, resultando en un fallo de la Cámara Federal de La Plata que dio la razón a un grupo de excombatientes, argumentando que el decreto es inconstitucional, ya que podría amenazar la soberanía nacional. No obstante, la lógica que establece una vinculación directa entre la soberanía y la propiedad de tierras por extranjeros está lejos de ser evidente, y la decisión de la Cámara ha dejado numerosas interrogantes sobre su justificación.
Este tema se complica aún más por el embate de la oposición, que ha comenzado a arrojar una serie de cuestionamientos sobre las políticas del gobierno, abarcando temas como el financiamiento, la atención a las personas con discapacidad y la intervención estatal en las deudas de muchas familias con los bancos. El tema de la propiedad de tierras, en ese contexto, se ha potenciado, incorporándose a una agenda opositoria cada vez más crítica que amenaza con derogar el decreto. Aprovechando que la ley propuesta por el Poder Ejecutivo sobre la inviolabilidad de la propiedad privada incluye un artículo relacionado con tierras, la oposición ha visto una oportunidad para seguir presionando.
La posibilidad de que el gobierno se quede sin el Decreto 70, ante el avance de la oposición, ha encendido alarmas en el oficialismo, dado que este decreto es fundamental para muchas de las reformas planteadas por Milei, que buscan presentar un marco más liberal y eliminar las restricciones estatales sobre la economía. La Corte citó este tema y rechazó la cautelar de la Cámara de La Plata, argumentando que los excombatientes no están en posición de representar a todos los afectados en términos de soberanía. Según los jueces de la Corte, no poseen la personería necesaria que indique un interés directo.
Sin embargo, la decisión tomada por la Corte no ha resuelto el conflicto y, de hecho, ha intensificado el ataque opositor. Se anticipa que en la próxima sesión del Congreso el decreto podría ser derrocado, habiendo sido ya rechazado en el Senado. En caso de que no pase en la Cámara de Diputados, perdería validez.
Ante esta complicada situación, dos jueces de la Corte, Ricardo Lorenzetti y el presidente Horacio Rosatti, sugirieron emitir una aclaración para calmar las aguas tras la decisión que generó malestar en el gobierno, insinuando que, en un futuro, podrían fallar de otra manera ante un caso similar. Y el otro caso no tardó en llegar: una organización denominada Árbol de Pie, proveniente del sur del país, ha solicitado que se reimplante la ley de Cristina Kirchner en detrimento del decreto de Milei, invocando una cautelar en nombre de la defensa del medio ambiente.
Carlos Rosenkrantz, otro de los jueces de la Corte, se mostró reticente a tratar este asunto y a brindar apoyo para restablecer la ley de Cristina Kirchner, ya que considera más importante calmar la conflictividad política y permitir que el gobierno supere esta discusión sin perder el decreto. Esta disidencia de Rosenkrantz llevó a la Corte a convocar a dos conjueces, quienes, curiosamente, fueron seleccionados en un sorteo y resultaron ser amigos del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques: Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara de Casación, y Horacio Pérez Curci, presidente de la Cámara Federal de Mendoza.
Resulta interesante resaltar que ambos conjueces tienen vínculos con AFA, lo que añade otro nivel de intriga al debate institucional. Pérez Curci, en particular, cuenta con una relación cercana al fútbol, dado que su hijo, Mateo, juega en Independiente. La Corte actuó de manera veloz y propuso una reunión de acuerdos extraordinaria, contradiciendo así lo que el Gobierno deseaba. La Corte sostiene que al ser este un tema de interés ambiental, se debe conceder una cautelar provisoria a Árbol de Pie mientras el juez Leandro Gómez Constenla, de Bariloche, evalúa el contenido del caso.
Esta decisión, aunque en primera instancia pareció favorecer a los intereses del gobierno, terminó por complicarles la existencia. Durante este proceso, se ha enfriado la posibilidad de que el Congreso derogue el decreto. Es probable que la sesión se postergue, y el Poder Ejecutivo podría verse obligado a aceptar ciertas limitaciones a la propiedad de extranjeros con el fin de evitar que este tema cuestionara la estructura completa del decreto.
Este escenario ha creado un dilema para el juez Gómez Constenla, quien tiene un historial intachable desde su reciente nombramiento. Su situación es problemática, dado que no se entiende jurídicamente por qué la propiedad de la tierra de un extranjero sea más peligrosa para el medio ambiente que la de un argentino. En tono irónico, el profesor Osvaldo Pérez Sammartino comentó: “Se ve que los argentinos son intrínsecamente ambientalistas”.
Si el juez Gómez Constenla decidiera levantar la cautelar impuesta por la Corte, se restauraría el decreto, poniendo al gobierno en una posición delicada y limitando su capacidad de gobernabilidad. En consecuencia, la Corte no ha actuado simplemente para resolver la cuestión de la propiedad de tierras, sino que se ha convertido en un actor que, de algún modo, le proporciona al Gobierno una carta de salvación, al dejar vigente un decreto que es vital para su agenda.
Sin embargo, esta situación no está exenta de controversias y disidencias dentro de la propia Corte. Rosenkrantz ha expresado preocupación respecto a la imagen de la Justicia, advirtiendo que la adaptación a los climas políticos podría afectar seriamente la confianza de la gente hacia la institución. Esto ha generado una línea divisoria interesante, donde dos jueces que tradicionalmente se ven como adversarios, como Lorenzetti y Rosatti, ahora se unen en oposición a Rosenkrantz, quien ha fijado una postura más tajante.
Algunos analistas sugieren que este movimiento de conjueces, que también han sido llamados para abordar temas que involucran al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, podría ser un acto retaliatorio de Rosatti hacia Rosenkrantz, quien es percibido como más alineado con el macrismo, aunque esto último no ha sido comprobado. Lo que se observa es un ajedrez interno dentro de la Corte, marcado por una evidente tensión.
Estos desarrollos son un reflejo de la actual fragilidad del gobierno de Milei frente al Congreso. La posibilidad de que se derribe un decreto fundamental lo pone en una situación precaria, acentuándose la dificultad para alcanzar los consensos necesarios. La caída de las expectativas respecto al oficialismo es cada vez más palpable. La imagen de Milei ante la ciudadanía se está desmoronando, incluso comienza a cuestionarse su viabilidad de reelección en el futuro.
El efecto de la pérdida de apoyo se manifiesta en la dificultad para construir las mayorías parlamentarias que el gobierno necesita. A medida que disminuyen las perspectivas de éxito electoral, el interés por alinear apoyos se desvanece. La pregunta que surge es: ¿por qué se opondrían a Milei si su reelección no resulta viable? Estas tensiones comienzan a desagregar las voluntades políticas, lo que dificulta aún más el trabajo legislativo del oficialismo. Este fenómeno de defensiva parlamentaria recuerda a lo sucedido en 2025, un año que presagió la derrota de Milei en la provincia de Buenos Aires.
La caída de las expectativas también se enmarca en el debate en torno a la figura de Luis Caputo. Este lunes, el presidente Milei reafirmó su apoyo, indicando que ambos mantienen visiones similares y que son simbióticos, posición que suele exhibir un mandatario, a menos que esté en la inminente búsqueda de un reemplazo. Sin embargo, el malestar que se percibe no solo recae en Caputo, sino que se extiende a toda la política económica del gobierno, dado que los resultados económicos distan mucho de las proyecciones gubernamentales.
El propio Caputo ha reconocido que la economía “no se reactiva”, lo que implica un reconocimiento de que la situación es crítica y necesita intervención. Los expertos anticipan una contracción económica del 1,2% para el tercer trimestre, tras una caída del 0,6% en el segundo. Aunque algunos proyectan una potencial recuperación en el cuarto trimestre, se trata de dos trimestres consecutivos de recesión, un término que circula con cada vez más frecuencia en los análisis. Para colmo, el Fondo Monetario Internacional ha revisado a la baja sus pronósticos de crecimiento para Argentina.
Este contexto genera una creciente alarma en la política, facilitando el avance de la oposición. Un reciente dictamen de la Auditoría General de la Nación, dirigida por Juan Manuel Olmos, ha sorprendido a la administración de Milei. En su informe técnico sobre las operaciones del Banco Central, la AGN revela pérdidas por US$1.023 millones a raíz de seguros adquiridos para cubrirse de la eventual caída del precio del oro, operación que fue realizada sin un calculo adecuado, dado que el valor del oro subió considerablemente. La respuesta del Banco Central a esta crítica fue resaltar que es el costo de un seguro, lo que no deja de ser cierto, pero la AGN contrarrestó recordando que este tipo de inversiones deben ser justificadas cuando se incurren en pérdidas tan significativas.
Este episodio marca un punto sensible en la relación oficialismo-oposición, ya que el peronismo ha logrado provocar una herida considerable al gobierno de Milei a través de un dictamen técnico sobre pérdidas económicas, algo que no se había visto con frecuencia. La inercia de la oposición se ha visto reformulada por este informe que pone de manifiesto la falta de eficacia en la gestión económica.
Las caídas en las expectativas están claramente ligadas a la falta de reacciones positivas en la economía, lo que a su vez afecta las tensiones internas en el interior del gobierno. Se puede presumir que el apoyo otorgado a Caputo por Milei busca afianzar la cohesión en La Libertad Avanza. Este es un tema que resuena entre quienes cuestionan la gestión del ministro y sugieren que, en realidad, el problema reside en la implementación lógica de sus políticas. Existe una percepción, especialmente de parte de personas cercanas a Karina Milei, de que Caputo elude su responsabilidad echando culpas a la política.
Entre las diferentes corrientes que conviven en el equipo económico parece estar surgiendo una discusión más crítica y oculta, centrada en la necesidad de modificar tanto la política cambiaria como la monetaria. A juicio de algunos técnicos, la emisión de pesos por parte del Banco Central para la compra de dólares no debe ser inmediatamente absorbida por el Tesoro a través de bonos, sino que es preferible dejar que más pesos circulen entre la población para impulsar el consumo. Sin embargo, la cuestión queda en el aire: ¿quién se atrevería a plantear esto ante Milei, que tiene una postura dogmática en sus creencias económicas?
Otro aspecto inquietante dentro de la compleja dinámica del gobierno es la variedad de tensiones presentes entre los diferentes actores. Existen conflictos entre Karina Milei, los primos Menem y Santiago Caputo, conocido como “El Mago del Kremlin”, lo que genera inestabilidad interna. Muchas de las decisiones económicas que emergen desde la cartera de Caputo han inquietado a otros miembros del entorno de Milei, quienes perciben estas acciones como riesgosas y potencialmente perjudiciales para la imagen del gobierno.
Se han dado situaciones curiosas, como la reciente licitación por la privatización de AySA, la compañía de servicios de agua. En este caso, la oferta ganadora proviene de un consorcio compuesto por diversos actores, entre ellos un fondo denominado PHX Aqua, que cuenta con un 55% de acciones y cuyo origen es poco claro, generando sospechas sobre la transparencia del proceso de privatización. Esta particularidad plantea dudas sobre el manejo de los servicios públicos en un contexto donde se percibe que pocas manos están controlando grandes industrias, lo que podría ser un riesgo para la gobernabilidad de Milei.
La privatización de servicios que involucra a personajes relacionados con empresas de servicios básicos del conurbano también ha suscitado inquietud en el entorno, dado que da la impresión de que un selecto grupo de individuos se encarga de manejar una gran parte de estos suministros críticos. Axel Kicillof, gobernador de la provincia, ha mantenido una sorprendente inacción a pesar de esta alarmante concentración de poder en el sector. Interrogantes surgen en torno a la naturaleza de estas alianzas y si podrían llegar a perjudicar a Milei, generando tensiones adicionales con su familia política y los Menem.
En resumen, las dificultades económicas que enfrenta el gobierno de Milei, sumadas a las dificultades para construir mayorías en el Congreso, continúan siendo un punto central de tensión. Los compromisos que Caputo asumió con las provincias están en un estado crítico, lo que resulta en incapacidad para avanzar con la agenda legislativa del gobierno. Estas adversidades son visibles, dado que Milei debe recurrir a la Corte para ayudarle a aplacar la presión política, en un escenario que ya se sabe es complejo y por momentos inasible.
La relación de Milei con Caputo, que ha sido puesta a prueba en varias ocasiones, vivió un momento tenso cuando el presidente invitó al respetado economista Alberto Ades a compartir su perspectiva en una reunión de Gabinete, a la que Caputo no asistió. La súbita decisión del ministro de ausentarse generó rumores sobre un posible descontento con el presidente, un hecho que Milei desmintió de inmediato, señalando a quienes insinuaban tales fricciones como traidores a la patria. Sin embargo, Ades, al ser consultado, confirmó que se había excusado ante Caputo tras su intervención, lo que reafirma la discordia creciente dentro del gabinete.
Además, Milei ha tenido que abordar las preocupaciones expresadas por Patricia Bullrich, quien manifiesta desacuerdos con algunas de las políticas del gobierno. Se le ha solicitado a Bullrich que tome el liderazgo en algunas iniciativas y que gestione leyes que no pueden ser aprobadas debido a la falta de recursos disponibles para las provincias. A raíz de esta interacción, comenzaron a circular versiones sobre un presunto acuerdo político donde la fórmula para los próximos comicios sería Milei-Bullrich, en un intento por frenar una posible candidatura de Bullrich que podría amenazar la reelección del presidente.
Las dificultades que enfrenta el gobierno en cuanto a la derogación de las PASO se manifiestan igualmente en la falta de consensos necesarios para que este objetivo se alcance. Si las PASO no se derogan, el peronismo contaría con un instrumento valioso para manejar sus internas, lo que podría traducirse en una fortaleza en las próximas elecciones. Con figuras como Sergio Massa y Axel Kicillof abriéndose paso hacia candidaturas importantes, los desafíos para Milei se multiplican si Cristina Fernández decide intervenir en este tablero político.
La expresidenta, que observa atentamente las elecciones en Brasil, considera las oportunidades que podrían surgir para ella y su entorno, analizando si podría recurrir a su hijo Máximo Kirchner en una candidatura para gobernador de la provincia. Esta incertidumbre se cierne sobre el actual panorama político argentino, donde Milei se enfrenta a una oposición que, aunque ha permanecido pasiva, puede volverse más activa a medida que el ámbito político se desestabiliza. La Corte, que ha intervenido de alguna manera para facilitar la supervivencia del gobierno, podría complicar las cosas aún más si el contexto económico no mejora, y el conjunto del panorama podría dejar a Milei en una posición aún más peligrosa frente a su electorado.
