El Gobierno argentino busca suspender la explotación de hidrocarburos en Malvinas ante el Tribunal del Mar

Este martes, el Gobierno argentino presentó una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar con el objetivo de detener las actividades de explotación de hidrocarburos que el Reino Unido realiza en la Cuenca Malvinas Norte. La Oficina del Presidente comunicó que esta acción tiene como finalidad proteger los recursos naturales y evitar que las iniciativas británicas intensifiquen la disputa sobre las islas. La solicitud judicial se basa en el Artículo 290, inciso 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el cual permite solicitar la preservación de derechos o la prevención de daños mientras se establece el tribunal arbitral definitivo. Esta iniciativa se suma al proceso arbitral que el Gobierno había impulsado el 28 de septiembre de este año. En el comunicado, se reafirma que “la República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas,” concluye firmando el presidente Javier Milei. Según se ha indicado, la presentación fue realizada por Mario Oyarzábal, director de la consejería legal internacional, luego de que se venciera el plazo de dos semanas que se le había otorgado al Reino Unido para detener su proyecto Sea Lion, operado por las empresas Rockhopper y Navitas. En respuesta a esta advertencia, la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar británica, Uma Kumaran, desestimó la solicitud y reafirmó que Reino Unido protegerá los derechos de “autonomía” de los habitantes de las islas. En este contexto, diplomáticos han considerado la decisión como “arriesgada”, señalando que “acudir a un tribunal internacional puede ser muy tramposo” y recordando que gestiones anteriores habían evitado este camino por el temor a un fallo desfavorable. Desde la Cancillería, se destacó que se busca la intervención de árbitros independientes sin entrar en la cuestión fundamental de la soberanía. “Si Londres sostiene que sus actividades se ajustan al derecho internacional, tendrá la oportunidad de demostrarlo”, afirmó el canciller Pablo Quirno, quien también utilizó su cuenta de X para reiterar la invitación al Reino Unido a “retomar la mesa de negociación bilateral para encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía”. El Tribunal donde se radicó la demanda se fundamenta en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, un tratado de 1982 que establece el marco legal para la administración de los océanos, el uso pacífico del mar y la gestión de sus recursos naturales. La implementación de este régimen cuenta con el apoyo de organismos especializados como la Organización Marítima Internacional y la División de Asuntos Oceánicos de la ONU. Además, en 2023 se incorporó el acuerdo BBNJ sobre “conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina”, el cual regula el reparto equitativo de los recursos genéticos marinos, la creación de áreas protegidas y la realización de evaluaciones de impacto ambiental.