La pesquisa se centra en la adquisición de insumos médicos y ortopédicos mediante el Programa Incluir Salud, el cual está destinado a personas con discapacidad y pacientes con condiciones de salud graves que carecen de cobertura médica.
Las autoridades buscan esclarecer si hubo un acuerdo entre funcionarios y empresarios para direccionar contrataciones públicas hacia ciertos proveedores, a cambio de pagos ilícitos.
Este nuevo tramo de la investigación implica operaciones que podrían haber generado un gasto de $75,5 millones y también afecta a otros exfuncionarios y empresarios relacionados con las empresas proveedoras.
El expediente examina irregularidades en la compra de prótesis, implantes cocleares, materiales quirúrgicos, sillas de ruedas motorizadas y otros dispositivos médicos, que estaban destinados a beneficiarios del Programa Incluir Salud.
Además, la resolución judicial señala discrepancias entre los montos pagados y los precios de referencia correspondientes. Las estimaciones acumuladas en el expediente superan los $7.800 millones al considerar las comparaciones de insumos médicos y medicamentos.
La investigación es liderada por el fiscal federal Franco Picardi, quien ha reconstruido una segunda vía de supuestos pagos ilícitos, que habrían tenido lugar entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.
Además de Spagnuolo, el juez ha tomado medidas contra otros exfuncionarios y empresarios involucrados, como Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvette y Ornella Calvette, entre otros representantes de empresas proveedoras.
De acuerdo con la información relacionada con la resolución, 19 individuos han sido procesados sin prisión preventiva y se ha ampliado el procesamiento de otros cinco que ya estaban implicados en la causa.
Asimismo, el juez reconoció la falta de mérito para 11 personas más y ha solicitado profundizar la investigación respecto a su posible participación.
Entre los posibles delitos que se están analizando se encuentran la asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta en detrimento de la administración pública y, en algunos casos, lavado de activos agravado.
La calificación legal y la responsabilidad de cada uno de los implicados serán determinadas a lo largo del proceso.
