Francisco Adorni, legislador bonaerense por La Libertad Avanza y protagonista de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, ha presentado una defensa técnica que busca neutralizar las sospechas sobre su patrimonio. La controversia central gira en torno a las inconsistencias detectadas en su declaración jurada de 2024, donde una diferencia de 117 millones de pesos despertó las alarmas del fiscal Guillermo Marijuán. La respuesta de Adorni ha sido tan simple como polémica: atribuye el desfasaje a un “error material” tipográfico, alegando que incluyó un cero de más en el registro de una deuda personal.
El escrito, presentado ante el juzgado federal de Daniel Rafecas, intenta desactivar la hipótesis de la fiscalía. Marijuán sostiene que el legislador logró reducir sus pasivos en $70 millones de manera injustificada, lo que sugeriría una inyección de fondos de origen desconocido para cancelar deudas. Sin embargo, Adorni sostiene que la deuda original nunca fue de $130 millones, sino de $13 millones. Este argumento de la “plausibilidad material” se basa en la repetición de los dígitos, sugiriendo que un desliz dactilar multiplicó por diez su pasivo, alterando completamente la percepción de su solvencia financiera ante la Oficina Anticorrupción.
Desde un análisis periodístico, la defensa del “error de carga” coloca a la Justicia en un dilema interpretativo. Si bien es numéricamente posible que $130.000.000 sea un error derivado de $13.000.000, la frecuencia con la que los funcionarios del entorno presidencial han debido “rectificar” sus presentaciones patrimoniales debilita la presunción de buena fe. En el caso de Francisco Adorni, esta enmienda no es un hecho aislado; se suma a la incorporación tardía de $24,5 millones en efectivo en su declaración de 2025, justificados parcialmente como una herencia, lo que refuerza una dinámica de presentaciones patrimoniales reactivas a la presión judicial.
La explicación de Francisco Adorni
Este patrón de “olvidos” y “errores” encuentra un espejo directo en la situación de su hermano, Manuel Adorni. El exjefe de Gabinete también se vio obligado a ampliar sus declaraciones de 2023 y 2024 tras la detección de activos no declarados por casi medio millón de dólares. La vinculación entre ambos casos es ineludible para los investigadores: ambos hermanos, que ocuparon puestos estratégicos en la administración de Javier Milei, han mostrado dificultades sistemáticas para trasparentar sus activos de manera precisa y oportuna. La recurrencia de estas correcciones post-denuncia sugiere que las declaraciones juradas operan más como un documento flexible que como un compromiso estricto de transparencia.
Las implicancias judiciales de esta estrategia son profundas. Adorni argumenta que castigar la corrección de un error genera un “incentivo perverso”, pero para la fiscalía, la rectificación suele ser el intento de blanquear una situación que ya ha sido expuesta por la prensa o la justicia. El juez Rafecas deberá determinar ahora si el “cero de más” es una explicación suficiente para archivar la causa o si, por el contrario, las inconsistencias acumuladas en el clan Adorni ameritan una indagatoria que profundice en el origen real de los fondos que sustentan su actual nivel de vida.
