El jueves pasado, el Gobierno anunció en el Boletín Oficial el comienzo del trámite para que González permanezca en la CNAT más allá de los 75 años, límite establecido por la Constitución para el ejercicio de la magistratura. González cumple 75 años en mayo del próximo año, según informaron fuentes judiciales. La jueza inició la solicitud a tiempo, conforme al reglamento recientemente oficializado por el Ministerio de Justicia.
Con una extensa trayectoria en la justicia laboral, González fue nombrada jueza en 2008 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y ascendió a camarista bajo la administración de Mauricio Macri. Comparte la Sala VIII con Pesino, y en abril ambos encontraron la manera de anular la medida cautelar que la Confederación General del Trabajo (CGT) había utilizado para bloquear más de 80 artículos de la reforma laboral. Al día siguiente de este fallo, el Gobierno activó el procedimiento para que Pesino pudiera seguir en su puesto tras cumplir con la edad estipulada.
Un mes después, ambos magistrados intervinieron en la UOM, un hecho que solo había acontecido en 1955 y 1976. González cuenta con otros antecedentes que la favorecen ante la administración actual: fue la única camarista que respaldó la posición gubernamental en relación a los temas laborales del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70.
Pesino logró ya el apoyo del Senado para continuar en la CNAT hasta los 80 años, y Milei rápidamente firmó su nombramiento. Sin embargo, su paso por la Comisión de Acuerdos del Senado no fue sencillo. El senador peronista Mariano Recalde lo interrogó sobre el apodo de Bonnie & Clyde —refiriéndose a los célebres criminales de la Gran Depresión— y sobre las supuestas acusaciones de cobro por sus decisiones.
Ante la polémica generada por sus sentencias, la Lista Celeste, que agrupa a los sectores más progresistas del Poder Judicial, defendió a González y solicitó su protección frente a escraches y hostigamientos. La jueza deberá ser convocada a la Comisión de Acuerdos del Senado para obtener los votos necesarios para su reelección, algo que también deberá realizar Villafuerte Ruzo para continuar en el Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás, cargo que ocupa desde hace 31 años.
Villafuerte Ruzo ingresó al Poder Judicial en la década de 1970, mientras estudiaba Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA), gracias a la influencia de un tío camarista. En aquella época, optó por incorporar su apellido materno para diferenciarse de un homónimo que era perseguido por las fuerzas represivas. Antes de convertirse en juez federal de San Nicolás, ejerció como fiscal en San Isidro y tuvo a su cargo investigaciones de gran relevancia, como la muerte de Carlitos Jr. Menem, caso por el cual fue denunciado por Zulema Yoma. También recibió críticas por su papel en la investigación de la masacre de Ramallo en 1999, resultado de una toma de rehenes en el Banco Nación.
Recientemente, la Corte Suprema anuló los sobreseimientos que beneficiaron a Villafuerte Ruzo y a otros funcionarios judiciales que, en 1976, facilitaron la apropiación de Manuel Goncalves Granada, quien fue separado de su madre, Ana María Granada, durante un operativo que terminó con su asesinato.
El magistrado ha sido blanco de numerosas críticas por su desempeño en causas de lesa humanidad, y durante su gestión, Juan Murray denunció que había mantenido archivado un expediente que favorecía al excomisario Luis Abelardo Patti. La entonces procuradora Alejandra Gils Carbó había solicitado a la Corte Suprema su separación de causas relacionadas con crímenes de la dictadura.
Para Milei, tanto González como Villafuerte Ruzo cuentan con los antecedentes requeridos para permanecer en sus cargos. No obstante, no comparte este criterio con Martín Irurzun, el camarista de Comodoro Py cuya situación se encuentra en incertidumbre desde su cumplimiento de 75 años el 18 de julio. Sin apoyo del Ejecutivo ni respaldo del Senado, Irurzun llevó su caso a la justicia, aunque hasta el momento la Corte Suprema no ha respondido.
Con 32 años en la Cámara Federal porteña, su mayor visibilidad ocurrió durante el macrismo, cuando dirigió la oficina de escuchas de la Corte, que se convirtió en una importante fuente de filtraciones, y fue responsable de una doctrina que habilitó la prisión preventiva de exfuncionarios kirchneristas bajo el argumento de que poseían un “poder residual” que podía entorpecer las investigaciones.
Milei no solo busca ajustar el Poder Judicial mediante la permanencia de jueces que comparten su visión, sino que también está promoviendo la llegada de nuevos magistrados, jueces, fiscales y defensores, tras designar a Juan Bautista Mahiques en el Ministerio de Justicia. En menos de cinco meses, el Presidente ha enviado 203 pliegos al Senado para su consideración, y ya ha firmado más de cien nombramientos. Aspira a convertirse en el mandatario que más postulaciones haya impulsado en corto tiempo desde la creación del Consejo de la Magistratura, aspiración que su vocero, Adrián Ravier, resaltó en una reciente conferencia de prensa.
Por el momento, el Gobierno no ha revelado sus planes respecto a la Corte Suprema después de las fallidas designaciones en comisión. En el Ministerio de Justicia admiten estar trabajando en una reforma para reducir y concentrar el poder en los tribunales de Comodoro Py, a la par que ampliar la justicia federal en las provincias.
