A pesar del trabajo de su equipo legal, las fuentes judiciales aclaran que el organismo internacional no actúa como “una cuarta instancia de apelación”. La Corte Suprema argentina se ha manifestado en reiteradas ocasiones sobre la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
El 29 de julio pasado, la defensa presentó un reclamo ante el Comité de la ONU, donde argumentaron que la causa Vialidad, por la que fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, es el resultado de una “persecución política”. Esta nueva estrategia busca habilitar a la ex presidenta para que pueda postularse a pesar de la inhabilitación.
Cristina sostiene que la condena persigue su “proscripción perpetua”, lo que limitaría la opción electoral del pueblo, al impedir que pueda elegir libremente a sus representantes.
La presentación se realiza un año después de que la Corte Suprema confirmara el fallo en la causa Vialidad, de la que aún le restan cinco años de cumplimiento de pena.
¿Es posible que la ex presidenta logre alterar su situación procesal mediante la ONU? Una alta fuente judicial subrayó que, según la jurisprudencia, la Corte Suprema es la máxima autoridad en Argentina en cuestiones constitucionales. Además, citó un precedente: “En la dictadura, lo que decía el Comité de la ONU tenía valor real y jurídico, porque no existía un Estado de derecho”.
Otro análisis resalta que Cristina Kirchner ha pasado por todas las instancias del sistema judicial, con más de 16 magistrados involucrados en la causa Vialidad, quienes coincidieron en validar la existencia de la maniobra delictiva asociada a las 51 licitaciones viales adjudicadas a Lázaro Báez, antiguo socio de la ex presidenta.
Cristina desconfía del proceso legal y, en su declaración ante la ONU, insiste en haber sido víctima de una “violación de garantías judiciales e instrumentalización del sistema penal (lawfare)”. Sin embargo, cuando el Tribunal Oral Federal 2 dictó sentencia, desestimó la teoría del lawfare, argumentando que se presentaron pruebas contundentes que respaldaban la acusación de administración fraudulenta.
Un juez de Comodoro Py comentó sobre la complejidad del caso: “Intervinieron 17 jueces, camaristas, ministros y fiscales; resulta difícil pensar en una conspiración de tal magnitud”.
Un magistrado con amplia experiencia en Tribunales de Retiro opinó sobre la estrategia de acudir a la ONU: “Los dictámenes de tribunales internacionales no son vinculantes para el orden jurídico interno. La Corte Suprema lo ha establecido en múltiples ocasiones, como en el caso Fontevecchia. Excepcionalmente han tenido repercusión cuando la violación constitucional era evidente”.
Con este contexto, los abogados de Cristina Kirchner afirmaron poseer “información relevante” sobre su presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Este Comité está compuesto por expertos independientes que supervisan el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo ratificaron. Su función es evaluar denuncias individuales, como la presentada por Cristina, y determinar si se han violado derechos civiles y políticos.
Las decisiones del Comité sobre casos individuales no tienen la misma fuerza ejecutable que las de un tribunal penal local o una corte internacional, y otro magistrado enfatizó que “tampoco son vinculantes para el sistema jurídico argentino”.
