Asimismo, el fiscal pidió al Gobierno nacional que le envíe toda la documentación relacionada con la denuncia presentada la semana anterior, con el fin de agregarla a la causa que se tramita ante el juez federal Julián Ercolini. También se requiere avanzar en la identificación de los accionistas y de las personas o empresas que puedan estar brindando apoyo logístico a la búsqueda de hidrocarburos.
Fuentes judiciales han indicado que los delitos a investigar podrían conllevar penas de hasta 20 años de prisión, además de sanciones económicas, aunque la responsabilidad penal se determinará durante el curso de la investigación. Esta acción marca el inicio de la ofensiva legal del gobierno de Javier Milei contra aquellos que planean extraer petróleo en las cercanías de las Islas Malvinas antes de que finalice el año.
En su dictamen, Stornelli mencionó que, ‘de acuerdo con la denuncia presentada por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Lic. Pablo Quirno Magrane’, el propósito del proceso será establecer ‘la posible existencia de actividades hidrocarburíferas de exploración y/o explotación en la Plataforma Continental Argentina, particularmente en áreas cercanas a las Islas Malvinas, por parte de la empresa Desire Petroleum Limited, sin contar con la autorización de las autoridades argentinas competentes desde al menos 2012’.
El fiscal también señaló que la denuncia menciona que la mencionada empresa presenta antecedentes relacionados con tales actividades, citando la Resolución 130/2012, del 23 de mayo de 2012, emitida por la Secretaría de Energía, que declaró ilegales las actividades de Desire Petroleum Public Limited Company en la Plataforma Continental Argentina, considerándola clandestina por operar sin la debida habilitación.
Adicionalmente, por medio de la Resolución 457/2013, del 13 de agosto de 2013, esta empresa fue inhabilitada por un periodo de 20 años para desarrollar actividades en el país por realizar operaciones sin autorización nacional y utilizando una licencia de exploración de hidrocarburos emitida por autoridades británicas en las Islas Malvinas.
‘Las conductas denunciadas podrían ser, prima facie, constitutivas de los delitos previstos en el artículo 7, incisos 1 y 2, así como de las circunstancias establecidas en los artículos 8 y 9 de la Ley 26.659, sin perjuicio de otras calificaciones legales que puedan determinarse durante la instrucción’, sostuvo Stornelli.
El fiscal también insinuó que, conforme al desarrollo del proceso, no se debería descartar la posible existencia de otros delitos, incluidos los relacionados con el medio ambiente, infracciones aduaneras y lavado de activos derivados de las actividades denunciadas.
En este contexto, Stornelli solicitó una investigación más exhaustiva sobre la red empresarial detrás de la explotación petrolera en las aguas cercanas a las Malvinas, así como acerca de las personas jurídicas y físicas que pudieran estar involucradas, ya sea de forma directa o indirecta.
Respecto a las primeras acciones investigativas, el fiscal pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores que envíe la información mencionada en su presentación del 14 de septiembre, junto con la documentación de respaldo correspondiente. También se requerirá un exhorto al Reino Unido para activar los mecanismos de cooperación penal internacional con el fin de obtener información detallada sobre Desire Petroleum Limited y su versión anterior, Desire Petroleum Public Limited Company.
Este requerimiento incluye sus directorios y órganos de representación legal desde 2012, así como toda documentación relacionada con la posibilidad de licencias para realizar actividades hidrocarburíferas en el área en cuestión, aplicándose igualmente al grupo Rockhopper.
Stornelli también pidió que, en el momento procesal adecuado, se obtenga información bancaria relacionada con la explotación comercial y con las personas que hayan operado en beneficio de las empresas implicadas.
La denuncia judicial fue presentada la semana pasada por el canciller Quirno y el procurador general del Tesoro, Sebastián Amerio, quienes han fijado la atención en los posibles delitos de acción pública vinculados con el desarrollo inconsentido de actividades hidrocarburíferas en espacios marítimos que Argentina considera bajo su soberanía.
El escrito, firmado por Quirno y Amerio, detalla los delitos que, según el Gobierno, deben ser investigados por la Justicia argentina, bajo la premisa de la existencia de una estructura empresarial cuya composición definitiva será determinada en la investigación.
El objetivo central de esta denuncia se conoció tras la cadena nacional del jueves pasado y la posterior publicación en el Boletín Oficial del Decreto 868/2026, que modifica aspectos relacionados con la aplicación de la Ley 26.659. Esta normativa fue aprobada en 2011 a instancias del entonces legislador Fernando ‘Pino’ Solanas y regula las actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina, estableciendo sanciones para quienes operen allí sin la habilitación de las autoridades nacionales.
Con el dictamen de Stornelli, la investigación judicial no solo busca identificar a los participantes del proyecto petrolero en las aguas próximas a las Malvinas, sino también reconstruir la estructura societaria, financiera y logística que facilitaría dichas operaciones, así como determinar si hubo intentos de eludir las normativas argentinas.
