Conflicto en la calle y el rigor del protocolo de seguridad
La jornada frente al Palacio Legislativo estuvo marcada por una creciente rispidez entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. Organizaciones sociales, sindicales y políticas, entre las que destacan la UTEP, las dos CTA, gremios de la CGT y agrupaciones de izquierda, se concentraron para expresar su rechazo al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El momento de mayor fricción ocurrió por la tarde, cuando un grupo de participantes arrojó objetos contra los efectivos, quienes respondieron con el uso de camiones hidrantes para dispersar la columna.
El Ministerio de Seguridad implementó de manera estricta el protocolo anti-piquetes, desplegando un comando unificado de más de mil efectivos que incluyó unidades de infantería, motorizadas y personal de Bomberos. Este dispositivo no solo se limitó a la contención directa, sino que estableció un vallado perimetral para restringir el acceso vehicular y asegurar el control de la zona, en un intento por equilibrar el derecho a la protesta con la libre circulación en las arterias principales.
Estrategia legislativa: El oficialismo busca blindar el resto del proyecto
Mientras el conflicto escalaba en las afueras, el Senado se preparaba para una sesión determinante. En un movimiento táctico para evitar una derrota parlamentaria y destrabar el debate, el oficialismo optó por retirar el capítulo referido a la reforma de la Ley de Tierras, una decisión forzada por la presión de gobernadores y bloques dialoguistas. Sin embargo, esta concesión no frenó la protesta, ya que los organizadores exigen que el texto no sea votado en ninguna de sus formas.
La estrategia del Gobierno, coordinada bajo la órbita del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, se centra ahora en asegurar la aprobación de los puntos que sobrevivieron a la poda del temario. Entre estos se encuentran cambios críticos en los procesos de desalojo, el régimen de expropiaciones y modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego. Superada la instancia de autorización de participación remota para algunos senadores, el oficialismo apuesta a demostrar fortaleza legislativa al proteger el núcleo de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Impacto operativo y social de la movilización
La magnitud de la marcha tuvo consecuencias directas en la dinámica urbana de la Ciudad. El tránsito se vio severamente afectado por bloqueos en Hipólito Yrigoyen, Callao, Entre Ríos y Rivadavia, extendiéndose el perímetro de restricción a calles como Solís y Avenida de Mayo. Este operativo obligó a 22 líneas de colectivos a desviar sus recorridos, impactando en miles de usuarios que debieron utilizar vías alternativas como las avenidas Belgrano, Independencia o 9 de Julio.
En la red de subterráneos, la estación Congreso de la Línea A fue clausurada, mientras que Sáenz Peña y Pasco funcionaron con limitaciones. Además de los cortes, la movilización generó una saturación en los nodos de transporte de la Línea B y E. Este escenario de parálisis operativa funciona como preludio a la masiva marcha por San Cayetano prevista para mañana, consolidando un clima de protesta social que pone a prueba la logística de la ciudad y la resiliencia del sistema de transporte público.
