A pesar de la fragmentación parlamentaria que enfrenta el PRO, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, avanza con determinación en el plan para consolidar la futura Justicia Laboral de la Ciudad de Buenos Aires. En el oficialismo confían en que los pliegos de los próximos magistrados y fiscales recibirán el aval de la Legislatura, proyectando que la nueva estructura comenzará a operar plenamente en febrero.
“Estamos avanzando con su implementación para que los porteños puedan tener un sistema para resolver los conflictos laborales de manera moderna y ágil”, afirmó el mandatario durante la apertura de sesiones ordinarias en marzo. Este impulso se consolidó tras la aprobación en el Congreso Nacional del convenio de traspaso de competencias, un hito que reforzó la autonomía del distrito frente a un reclamo histórico.
Desde la administración porteña sostienen que estos cambios buscan subsanar la posición “desigual” de CABA respecto al resto de las provincias. Además de cumplir con los mandatos de la Constitución Nacional y la Carta Magna porteña, el objetivo político es combatir la denominada “Industria del Juicio” en un fuero nacional al que acusan de parcialidad política, señalamiento que es rechazado tanto por el sector judicial como por la oposición.
La Legislatura porteña inicia esta semana el debate formal de los pliegos en la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control. Con una composición de once miembros que incluye a cuatro representantes del peronismo y tres libertarios, el pulso de la discusión estará marcado por la negociación entre las principales fuerzas políticas.
La Junta cuenta con figuras de peso político. Matías Lammens, actual legislador y exministro nacional, preside el cuerpo y lidera la posición del bloque peronista bajo la órbita de Juan Manuel Olmos. Por su parte, la vicepresidencia primera está en manos de Pilar Ramírez, jefa del bloque de La Libertad Avanza y figura de máxima confianza de Karina y Javier Milei en el distrito.
Asimismo, destaca la participación de Guadalupe Tagliaferri, con experiencia previa en la evaluación de pliegos complejos en el Senado de la Nación. Aunque el bloque libertario aún debate internamente su postura definitiva, fuentes de la fuerza indicaron que no existe un desacuerdo de base con los nombres propuestos. En el PJ y la UCR predomina una tendencia a respetar el filtro técnico realizado previamente por el Consejo de la Magistratura.
Cronograma de designaciones: jueces y magistrados
El proceso de selección de los diez juzgados creados por la ley 6789 ha concluido su fase técnica. El Consejo de la Magistratura ha elevado una lista basada en el orden de mérito que incluye a María Sol Loredo, María Paula Nievas Ibáñez, Laura Victoria Bonhote, Laura Alejandra Calogero, Francisco Elissondo, Agustina Bergonzelli, Antonella Stringhini, Itatí Canido, Pablo Andrés Liste y Sebastián Luis Caset.
Para la Cámara de Apelaciones, conformada por dos salas, se han postulado a Diego Javier Tula, Martín Leonardo Furchi, Patricia Paola Ceriani, Silvia Inés Gutiérrez Garay, Gabriela Inés Fernández y Horacio Pitrau. La hoja de ruta parlamentaria prevé la convocatoria a audiencias públicas a mediados de septiembre, abriendo el periodo para posibles impugnaciones.
Una vez formalizada la convocatoria, el oficialismo dispone de 60 días para llevar el debate al recinto. De no mediar un pronunciamiento en ese plazo, las designaciones podrían quedar oficializadas automáticamente. Paralelamente, el Ministerio de Justicia, a cargo de Gabino Tapia, continúa las gestiones con Nación por el traspaso de fondos y un nuevo proyecto para expandir la estructura de 10 a 80 juzgados.
El calendario institucional también contempla la resolución de dos cargos fundamentales para la Ciudad. El 10 de agosto se realizará la audiencia para la Defensoría del Pueblo. María Rosa Muiños busca su reelección con el respaldo del bloque peronista, aunque la designación requiere una mayoría especial que obliga a negociar con otros espacios, incluyendo el reparto de las cinco defensorías adjuntas.
En cuanto al Ministerio Público Fiscal, el 12 de agosto será el turno de la audiencia para el nuevo Fiscal General. Jorge Macri impulsa la ratificación de Juan Martín López Zavaleta, quien asumió interinamente en marzo tras la salida de Juan Bautista Mahiques hacia el Ministerio de Justicia nacional. Se anticipa que la oposición brindará el consenso necesario para convalidar la propuesta del Ejecutivo.
