Tras una intensa jornada de negociaciones en el Congreso, el bloque de La Libertad Avanza oficializó su decisión de excluir la cláusula que facilitaba la venta de tierras a extranjeros del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Esta marcha atrás se produce en un escenario de fuerte presión por parte de bloques aliados y de la oposición, marcando un límite político para la iniciativa impulsada por la administración de Javier Milei.
La determinación de retirar el capítulo de extranjerización respondió a una realidad numérica: el oficialismo no contaba con los votos necesarios en el Senado para asegurar su aprobación. La senadora Patricia Bullrich, tras mantener reuniones con sectores dialoguistas, confirmó la quita de los artículos que buscaban permitir la venta de hasta un 25% de tierras rurales. Este punto específico había despertado el rechazo no solo de legisladores, sino también de gobernadores como Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Rolando Figueroa (Neuquén), quienes manifestaron su descontento con la propuesta original.
A pesar de esta concesión, el oficialismo mantendrá el debate en la Cámara Alta este jueves, enfocándose en los aspectos del dictamen que cuentan con mayor consenso. Los senadores se centrarán en discutir reformas al Código Civil y Comercial relacionadas con los procesos de desalojo, la escrituración de tierras, la gestión del manejo del fuego y el régimen de expropiaciones. Desde el bloque libertario aclararon mediante un comunicado que esta postergación no es definitiva, sino una estrategia para enriquecer el texto con nuevos aportes en el futuro.
La noticia fue recibida con entusiasmo por los dirigentes del Frente de Izquierda. Figuras como Christian Castillo y Nicolás del Caño celebraron el retiro de la cláusula como un triunfo de la movilización popular. No obstante, advirtieron que la lucha continúa frente al resto del paquete legislativo. Del Caño instó a mantener las protestas en las calles para rechazar los puntos que, según su visión, facilitan los desalojos de inquilinos, perjudican a empresas recuperadas y favorecen los incendios intencionales.
