La denuncia fue presentada por Roberto Varela, Director de Seguridad de la Corte Suprema, quien reportó que el incidente ocurrió el pasado domingo, cuando el equipo de custodia acudió a la vivienda de Rosatti para llevarlo a Buenos Aires.
Durante ese procedimiento, los agentes notaron a dos individuos con un trípode y una cámara enfocada hacia la casa del magistrado, lo cual generó sospechas sobre actividades de vigilancia en su contra.
Según los documentos oficiales, ambas personas fueron identificadas, una de ellas de nacionalidad venezolana. A raíz de esto, la fiscalía ha dispuesto una serie de medidas para avanzar en la pesquisa.
Entre las acciones programadas se encuentran la toma de declaraciones a los custodios y a miembros de la Policía Federal, la recolección de imágenes de las cámaras de seguridad, y un análisis exhaustivo de los antecedentes de las personas involucradas.
Asimismo, se ha solicitado la revisión de otros expedientes relacionados con incidentes que hayan podido afectar la seguridad de Rosatti, con la finalidad de identificar si existe un patrón o conexión significativa.
El juez Ercolini, al recibir el impulso del fiscal, ha ordenado avanzar en todas las diligencias necesarias, incluida la verificación de causas previas asociadas a la seguridad del máximo tribunal.
Este caso se inscribe en una serie de acontecimientos previos. En abril, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la sentencia de cuatro años de prisión contra Damián Berruet, quien intentó robar una camioneta asignada a Rosatti en mayo de 2024.
En su presentación durante el juicio, el fiscal Diego Luciani argumentó que este incidente no era un hecho aislado, sino parte de un “hostigamiento y asedio” sistemático contra el magistrado desde 2019.
“Detrás de este hecho hay un trasfondo oscuro y sombrío que Berruet oculta. Está claro que no era un improvisado”, declaró, subrayando que “había un objetivo claro: el presidente de la Corte Suprema de Justicia”.
Luciani también mencionó otros episodios de acoso, como intentos de robo en la residencia de Rosatti, intimidaciones por medio de pintadas, artefactos sospechosos, hackeos y la creación de líneas telefónicas bajo su nombre, elementos que refuerzan la idea de una serie de acciones sistemáticas dirigidas contra el magistrado.
