El acuerdo abarca a diversos sectores, desde productores de envases hasta industrias que los utilizan en sus procesos, incluyendo empresas alimenticias, químicas, metalúrgicas, plásticas, papeleras, de bebidas y de consumo masivo. La entidad subraya que el objetivo es fomentar una legislación que proteja el medio ambiente sin menoscabar la productividad y competitividad de las empresas.
La discusión sobre una normativa nacional para envases se remonta a más de 20 años. La UIA recordó que las conversaciones iniciaron en 2004 y han pasado por diferentes etapas de análisis técnico y consenso entre sectores. En 2022, la Comisión de Envases del Departamento de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la UIA intensificó el trabajo sobre los aspectos esenciales que debería incluir una futura ley.
El documento firmado por la UIA y las cámaras empresariales estipula que la ley deberá funcionar como una norma de presupuestos mínimos, con criterios uniformes para todo el país, con el fin de evitar que cada jurisdicción implemente regulaciones diferentes que fragmenten el sistema y compliquen la gestión de los residuos de envases.
Otro aspecto fundamental de la propuesta es que la normativa se enfoque en los residuos de envases posconsumo que son asimilables a residuos domiciliarios, buscando reducir su disposición final y facilitar su recuperación como materia prima para nuevos procesos productivos.
La propuesta incorpora los principios de gradualidad, progresividad y razonabilidad. Para la industria, la implementación de un sistema nacional requiere tiempo, infraestructura, capacitación, inversiones y mercados de valorización que permitan reincorporar los materiales recuperados en la cadena productiva.
En este contexto, la UIA indica que las metas de recolección y valorización deben establecerse mediante criterios técnicos, basados en experiencias piloto y realidades específicas de cada jurisdicción. Entre los factores a considerar se incluyen la densidad poblacional, la geografía, el consumo per cápita, la infraestructura disponible y la capacidad de reciclaje.
El consenso empresarial también incluye el principio de Responsabilidad Extendida del Productor, que establece que aquellos que ponen envases en el mercado deben participar en la gestión posterior de dichos residuos. Para la UIA, este esquema debe complementarse con una colaboración entre el sector público y privado, donde el sector privado se encargue de la gestión de los sistemas, mientras que el Estado supervisaría su funcionamiento.
El documento sugiere también la creación de diversos modelos de Sistemas Integrados de Gestión (SIG), que podrían ser individuales, privados, público-privados, conjuntos o sistemas de depósito propios.
