El Gobierno dispuso la intervención de Corredores Viales S.A, la empresa estatal encargada de la gestión de una parte clave de la red vial troncal del país. La medida fue formalizada este jueves en el Boletín Oficial a través del decreto 224. La decisión se da un mes después de que se autorizara el proceso de privatización de las rutas nacionales.
“Resulta adecuada la adopción de medidas urgentes tendientes a llevar a cabo una ordenada y completa investigación de la situación actual de la sociedad y promover las adecuaciones que permitan desarrollar el referido proceso de privatización sin comprometer las obligaciones contractuales asumidas por esa empresa”
El rol de interventora de Corredores Viales estará a Anastasia María de los Ángeles Adem, quien tendrá entre sus funciones las siguientes: realizar una auditoría de gestión al inicio y al final de la intervención; evaluar el estado financiero y operativo de la compañía, presentar la rendición de cuentas y elaborar un plan de acción para su reformulación. Finalmente, tendrá que informarlo al Ministerio de Economía para ser revisado y aprobado.
Un informe presentado por la gestión de Javier Milei reveló que el 45% de la traza vial gestionada por la empresa tiene deficiencias. Además, se expuso el déficit financiero de Corredores Viales S.A., que en 2023 reportó pérdidas por más de $142.205 millones, con un rojo acumulado superior a los $268.676 millones.
El presidente Javier Milei autorizó el proceso para iniciar la privatización de Corredores Viales S.A mediante del decreto 97, publicado a mediados de febrero.
El Ministerio de Economía será el encargado de llevar adelante el proceso de privatización, en coordinación con la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Agencia de Transformación de Empresas Públicas. La modalidad será la disolución y liquidación de la empresa tras la adjudicación de las concesiones a operadores privados.
Corredores Viales gestiona más de 6000 kilómetros de rutas, representando un tercio del tráfico de la red vial troncal del país. Entre los tramos que cambiarán de administración están:
- Rutas en Buenos Aires, Mendoza, Tucumán, Jujuy y Salta.
- El Peaje Ricchieri, que conecta la Ciudad de Buenos Aires con el acceso sur a la capital.
Si bien el Gobierno sostiene que la medida permitirá mejorar la conectividad y eficiencia, la decisión genera debate. Sectores opositores y sindicatos advierten que la privatización podría derivar en mayores costos para los usuarios y una menor supervisión estatal sobre la seguridad y calidad del servicio.
