El Gobierno imputó a 95 empresas de todo el país por haber incluido tasas de manera indebida en las facturas de servicios públicos de electricidad, agua o gas e incumplir una resolución oficial firmada en octubre.
La medida fue tomada por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía y se abrieron 244 expedientes vinculados a las imputaciones. Se trata de uno por cada localidad donde las empresas incumplieron la norma.
Las imputaciones corresponden a facturas con vencimiento posterior al 11 de octubre, cuando entró en vigencia la resolución 267/2024, que determinó la prohibición de incluir en las facturas conceptos indebidos.
Las compañías tendrán cinco días hábiles para hacer su descargo y, una vez que se cumpla ese plazo, serán plausibles de ser sancionadas con multas que alcanzan hasta los $2.130 millones.
Entre las empresas imputadas hay compañías de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Misiones, San Juan, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz, Chubut, Chaco, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Mendoza, Corrientes, Tierra del Fuego, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.
Desde la Secretaría de Industria y Comercio informaron este lunes que la autoridad de aplicación continuará con la instrucción de sumarios para los próximos vencimientos de noviembre y diciembre.
El organismo estatal indicó que “las denuncias fueron recibidas en el correo electrónico habilitado para tal fin” y en la resolución por la que estas empresas fueron sancionadas se indicó que “con el transcurso del tiempo se volvió una práctica generalizada que las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios facturaran sumas o conceptos indebidos, ajenos a aquellos contratados por los consumidores”.
“La situación expuesta implica una posible afectación a los derechos que posee el cliente respecto de la información con la que debe contar al momento de realizar pagos de bienes y servicios contratados”, se explayó la normativa publicada en el Boletín Oficial a inicios de septiembre.
La norma de la Secretaría de Industria y Comercio surgió como una respuesta a las denuncias públicas sobre municipios y gobiernos provinciales que incluyen tasas locales e impuestos que no corresponden a la facturación de servicios esenciales.
“Ante reiteradas denuncias públicas sobre municipios que incluyen tasas locales en la facturación de servicios esenciales tales como la luz y el gas, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía dispuso, a través de la Resolución 2024-267, que las facturas de servicios esenciales deben contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor, quedando prohibido incluir cargos ajenos a la naturaleza del servicio”, escribió en aquella oportunidad el ministro de Economía, Luis Caputo.
La resolución provocó un enfrentamiento entre el Ejecutivo nacional e intendentes del conurbano bonaerense, que comenzaron a presentar medidas cautelares ante la Justicia para anular los efectos de la normativa y fueron logrando fallos que suspenden la aplicación de la resolución.
Entre los municipios que fueron logrando estos fallos favorables se encuentran los de Morón, Pilar, Moreno, Quilmes y Escobar, entre otros.
