Los que vienen serán días de suma importancia para el juicio que tramita en Estados Unidos por la expropiación de YPF, un extenso juicio por el que Argentina ya fue condenada en primera instancia a pagar USD 16.000 millones. Seguramente, los más importantes desde 2023, cuando la jueza Loretta Preska dictó la sentencia en primera instancia contra el país.
Mientras esa cuestión de fondo es analizada por un tribunal de la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York –sin mucho movimiento en el expediente y con una posible resolución recién el año próximo–, en las próximas horas deberá resolverse otra apelación de trascendencia.
Se trata de uno de los capítulos de la causa que siguió tramitando en el estrado de Preska luego de la condena inicial (así lo permite la ley de EEUU) y por el cual el principal beneficiario del fallo, el bufete especializado Burford Capital, busca cobrar.
Para eso pidió quedarse con las acciones de la empresa. Preska le dio la razón y eso es lo que decidirá la cámara esta semana, o como mucho a comienzos de la siguiente: si acepta el pedido de Argentina de “congelar” esa parte del juicio y no entregar las acciones. Claro, podría haber matices.
Según Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y uno de los mayores expertos en esta causa que ya lleva una década, estos son los pasos que podrían darse a partir del miércoles en el caso:
“La Corte de Apelaciones dice que Argentina puede apelar sin necesidad de entregar acciones de YPF. Sin embargo, devuelve el caso a jueza Loretta Preska para que ordene al país depositar una garantía que no sean las acciones de YPF”.
“La Corte Apelaciones rechaza pedido de la República Argentina de suspender fallo que obliga al país entregar acciones YPF”
“Corte de Apelaciones suspende el fallo de la jueza Preska. Permite a Argentina apelar sin necesidad de entregar las acciones de YPF”.
Maril destacó que todas las alternativas pueden venir acompañadas de un compromiso de los tres jueces de “apurar” los fallos en la apelación por la entrega de las acciones y en la apelación primaria (fallo de los USD 16.100 millones, que por los intereses desde 2023, ya supera los USD 17.500 millones).
“El jueves, los beneficiarios del fallo le abrieron la puerta a la Corte de Apelaciones para que le devuelva el caso a Preska y se decida otra garantía…”
Si Argentina es obligada a entregar las acciones y no lo hace –todo hace presumir que ese será su comportamiento ante esa decisión– entraría en desacato con la corte estadounidense, algo que podría complicar su regreso a los mercados de emisión de deuda y su estrategia de captar inversiones externas para que lleguen al país. Más allá que dañaría la ya golpeada imagen externa del país que el presidente Javier Milei pretende recomponer.
Amicus
La semana pasada, el gobierno de EEUU se presentó como amicus curiae ante la corte de apelaciones y apoyó la postura del país
En ese sentido, recomendó que esa corte “debería suspender la orden de transferencia (de las acciones de YPF) a la espera de la resolución definitiva de la apelación de la Argentina”.
“Este caso pone de manifiesto el firme interés del gobierno en la correcta aplicación de los principios de inmunidad soberana extranjera conforme a la Foreign Sovereign Immunities Act de 1976 (“FSIA”) y el derecho consuetudinario federal. Estas cuestiones pueden tener importantes ramificaciones para las relaciones exteriores de Estados Unidos y afectar el trato recíproco de Estados Unidos y sus bienes en los tribunales de otros países”, dicen los escritos del Departamento de Justicia que firmaron Jay Clayton, fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Sean Buckley, asistente del fiscal.
Burford, que en su momento compró buena parte de los derechos para litigar en esta causa a accionistas minoritarios de YPF que aseguraron ser víctimas económicas de esa decisión del gobierno de Cristina Kirchner, por su parte, también se movió en el expediente.
En un escrito que presentó el viernes, Burford reiteró que su objetivo final es cobrar la demanda, que no quieren las acciones de la empresa ahora de forma permanente, ni dirigirla, hasta que se confirme la apelación; y que podría aceptar garantías alternativas a las acciones.
En otras palabras, le aseguró a la Cámara de Apelaciones que está dispuesto a ser flexible, pero que si van a concederle la medida de suspensión al país, le pidan, sí o sí, garantías. Claramente, no confían en Argentina, contrincante al que creen que sólo busca dilatar la causa. Algo que Preska no solo también cree, sino que lo escribe en sus fallos cada vez que puede.
En medio de una purga en la Procuración del Tesoro, organismo oficial que comanda la defensa del Estado –unos 60 despidos de funcionarios rodeados de sospechas de venta de información a las contrapartes– el Estado ahora insiste en nunca negociará con Burford y que agotará todas las instancias judiciales e, incluso, acudirá a la Corte Suprema de Justicia de EEUU.
