La investigación destaca un desajuste significativo entre los ingresos y gastos de Baratta, que asciende a casi 4,3 millones de pesos durante el período que va de 2003 a 2017. Ercolini aclara que esta cifra se calcula a valores de la época, sin ajustes por la inflación que caracteriza esos años.
La defensa de Baratta refirió particularmente a una propiedad ubicada en el country Mapuche, en Pilar, la cual sostuvieron que pertenece a su madre. No obstante, se comprobó que el exfuncionario se encargaba del pago de todas las cuentas, incluido el servicio de cable, que estaba a nombre de su chofer, Oscar Centeno.
Baratta, quien fue subsecretario del Ministerio de Planificación Federal, también está siendo investigado en relación con el caso de los cuadernos de las coimas, siendo uno de los implicados que retiraba mochilas con dinero de empresas para llevarlas a oficinas del gobierno.
En el fallo de Ercolini se menciona que Baratta experimentó un incremento en su patrimonio de manera “apreciable e injustificada” durante su gestión y en el bienio posterior a su salida del cargo. La resolución, que cuenta con 73 páginas, analiza la evolución patrimonial desde el 28 de mayo de 2003 hasta el 10 de diciembre de 2017.
Durante este período, Baratta se desempeñó como subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, hasta finales de 2015. La perito oficial del Cuerpo de Peritos especializado en casos de corrupción realizó un exhaustivo análisis de los ingresos y gastos del exfuncionario, revelando saldos negativos en 2005, 2008, 2010 y en cada ejercicio desde 2012 hasta 2017.
Tras considerar algunas objeciones planteadas por la defensa, se determinó que el desfase patrimonial se incrementó hasta 4.294.425,90 pesos. Esta cifra, recalca el juez, se presenta a valores de cada año y no está ajustada en un contexto de inflación alta, por lo que representa un piso.
Particular atención se ha prestado a la adquisición de un lote y a la edificación de una vivienda en el Mapuche Country Club. Esta propiedad, que Baratta afirmó pertenecía a su madre, fue escriturada en septiembre de 2012 a nombre de Marta Rosa Girola, pagando 70.000 dólares en efectivo. Entre diciembre de 2012 y enero de 2015, se construyó una casa de aproximadamente 380 metros cuadrados, gestionada directamente por Baratta con el arquitecto Diego Manuel Gómez, quien indicó que todo el pago, cercano a 3,7 millones de pesos, se realizó en efectivo, sin registrar cheques ni transferencias.
Gómez afirmó no conocer a la madre de Baratta y solamente había visto al padre en raras ocasiones durante la obra. El fallo también menciona que las facturas de la constructora estaban emitidas a nombre de Baratta, cuya dirección de residencia figura en el registro, y que los gastos en el country fueron cubiertos por Baratta y su esposa, Dalina Bielle, hasta finales de 2017.
Los impuestos y expensas de la casa se pagaban en su mayoría en efectivo, y el servicio de cable e internet estaba bajo el nombre de Centeno, quien es el chofer de Baratta y figura como autor de los cuadernos que iniciaron la investigación por coimas en la obra pública.
En mayo de 2013, la madre de Baratta firmó una oferta para donar el inmueble a su hijo, una acción que, según el juez, constituye un “artilugio jurídico” para consolidar el bien en su patrimonio; sin embargo, no existe evidencia de que dicha donación haya sido oficialmente aceptada.
Entre los bienes asignados a Baratta, se encuentran un departamento en Belgrano adquirido en 2010 por 220.000 dólares y dos unidades con cocheras a nombre de su esposa, además de cuatro automóviles, plazos fijos en varias entidades bancarias y viajes al exterior, junto con cuotas del Belgrano Day School. También se confiscó un total de 27.500 euros y 25.276 dólares en un allanamiento a su residencia, en una causa que lo involucra junto a De Vido.
Ercolini observó que el déficit no se distribuyó de manera aleatoria en el tiempo, sino que se intensificó desde 2012, coincidiendo con la compra del lote y la construcción de la casa, alcanzando su cúspide en 2017, cuando se conocieron las cantidades de dinero secuestrado.
En su declaración del 16 de septiembre, Baratta argumentó que el juez carecía de imparcialidad y sostuvo que todos sus activos pueden ser justificados por su salario como funcionario, los ingresos de su esposa y recursos familiares. Afirmó que la adquisición de la casa se realizó con indemnizaciones de su padre, y que la construcción estuvo motivada por la enfermedad de su hermana, que posteriormente falleció. También alegó que el dinero incautado pertenecía a su suegra, origen de una herencia.
El juez, sin embargo, observó que la existencia de esos recursos familiares fue parcialmente corroborada, pero no se demostró que se utilizaran para financiar las compras en cuestión. El sancionamiento por enriquecimiento ilícito puede derivar en penas de entre dos y seis años de prisión e inhabilitación perpetua.
