Según información a la que se tuvo acceso, la AGN emitió una opinión desfavorable sobre los estados financieros del préstamo BIRF 9252, identificando falta de documentación y “inversiones no registradas” que superan los $42.935 millones para 2025, equivalentes a aproximadamente 30 millones de dólares. Esto condujo a una subvaluación de las inversiones del 66,57%, según lo indicado en el informe. Los funcionarios bajo el escrutinio son el ministro Luis Caputo y el presidente de AYSA, Alejo Maxit.
El Sistema Riachuelo representa la mayor inyección de capital proveniente del Banco Mundial en América Latina y el Caribe, y su ejecución está a cargo del Ministerio de Economía y de AYSA.
El informe elaborado por la Comisión presidida por Javier Fernández señala que “estos fondos fueron anticipados por la Tesorería General de la Nación (TGN) para que AySA pudiera realizar los pagos correspondientes a las obras y otros gastos. De acuerdo con el convenio de préstamo, el proyecto debía reembolsar esos fondos a la TGN utilizando recursos del préstamo. No obstante, al cierre del ejercicio 2025, el reembolso aún no se había realizado y las inversiones no se habían registrado adecuadamente, lo que indica que casi la totalidad de los fondos externos ya se habían ejecutado, imposibilitando así este pago”.
La AGN advirtió sobre una subvaluación del 66,57% en el crédito del Banco Mundial destinado a AYSA. La falta de transparencia es uno de los aspectos más destacados en el informe de la AGN, que indica que “los fondos a restituir superaban el saldo disponible en las cuentas del préstamo al cierre del período auditado. Esta omisión ocasionó una subvaluación del 66,57% en las inversiones del proyecto”.
En resumen, se identificó la “no registración de las inversiones” y la ausencia de información financiera y documentación de respaldo. La conclusión sostiene que “los estados financieros auditados no representan de manera razonable la situación financiera del proyecto al 31 de diciembre de 2025. Por la relevancia de las irregularidades detectadas, la opinión de los auditores sobre los estados financieros de 2025 fue negativa”.
Uno de los principales objetivos del financiamiento del Banco Mundial incluye la mejora de la infraestructura para el saneamiento de aguas, la reducción de la contaminación industrial, la optimización de la gestión ambiental y la disminución del riesgo de inundaciones, además del fortalecimiento de las instituciones responsables del proyecto.
Una de las posibles consecuencias que podrían surgir ante este tipo de irregularidades es que el Banco Mundial inicie una investigación, cuyo desenlace es incierto respecto a su duración y conclusión.
De acuerdo con información oficial de AYSA, el Sistema Riachuelo se define como una “mega obra de infraestructura que tiene como propósito solucionar integralmente la capacidad de transporte de los desagües cloacales en el área metropolitana, mejorando así la calidad del servicio y evitando la contaminación del Riachuelo por efluentes cloacales. Se prevé que beneficiará a más de 4.5 millones de personas y, en el futuro, permitirá incorporar a 1.5 millones de habitantes a la red de cloacas, generando beneficios sociales”.
En un escenario formal, si el Banco Mundial decidiera abrir una investigación a partir del informe de la AGN, entre los efectos inmediatos se incluirían la posible aplicación de sanciones y el congelamiento de fondos. Adicionalmente, esto podría dañar la reputación financiera y de transparencia que una empresa como AYSA debe mantener, especialmente en el contexto de una posible privatización.
Este asunto se inscribe en la controversia política entre Malena Galmarini, quien fue presidenta de AYSA durante el gobierno de Alberto Fernández, y el actual gobierno. Galmarini ha afirmado: “el Sistema Riachuelo no fue terminado por esta gestión: fue finalizado durante el gobierno anterior. Lo que quedaba—y aún se está llevando a cabo, aunque con retraso—era la fase de puesta en marcha”.
El 25 de junio de 2025, Manuel Adorni, en ese momento vocero presidencial, destacó en una conferencia de prensa: “La obra del Sistema Riachuelo, una de las obras de saneamiento más importantes en la historia argentina, fue finalmente concluida por este Gobierno”.
El ex funcionario argumentó que “el Gobierno del presidente Milei cumple con la honorable Corte Suprema de Justicia de la Nación. […] Tal fue el reconocimiento de este órgano a la actual gestión que en octubre de 2024 se levantó la supervisión judicial directa, señal clara de que cuando se actúa correctamente, la Justicia lo reconoce”.
Sin embargo, Galmarini, actual senadora bonaerense, sostiene que el gobierno de Javier Milei ha incumplido los pagos, lo que ha causado retrasos en la puesta en marcha, la cual solo se resolvió tras un ultimátum judicial: “El período de prueba debía concluir a mediados de 2024. Pero la actual gestión optó por no pagarle a la empresa constructora, incumpliendo así los compromisos contractuales. Esa deuda, generada por el propio Gobierno, es la verdadera causa del retraso. Solo ahora, ante la presión judicial por el incumplimiento en la Causa Mendoza, decidieron desbloquear el proceso y avanzar con la puesta en marcha. No fue una decisión política, sino una necesidad jurídica”.
El préstamo BIRF 9252 forma parte de un programa que se desarrolló en tres etapas: El financiamiento inicial fue otorgado en 2009 por un monto de u$s840 millones (BIRF 7706), en 2019, se añadió un financiamiento adicional de u$s245 millones (BIRF 9008) y en 2021 se realizó un segundo financiamiento adicional de USD 265 millones (BIRF 9252), totalizando así un financiamiento de u$s1.350 millones por parte del Banco Mundial.
Este programa financió obras de infraestructura que tienen un impacto significativo en el sistema Matanza-Riachuelo, con AYSA actuando como organismo subejecutor. De un total de 1280 millones de dólares presupuestados (dentro de los u$s1.350 millones del préstamo) para estas obras, se ejecutaron u$s1.053 millones, lo que representa un 82,27% de ejecución.
