El Gobierno calificó la protesta llevada a cabo en la sede de la Secretaría de Educación como una “protesta de carácter político”. Un funcionario de la cartera educativa comentó: “Queremos resaltar que quienes la llevaron a cabo son dirigentes opositores. Fue una primera demostración de lo que pueden hacer el próximo miércoles en la calle, que seguro van a querer desestabilizar”.
El Ministerio de Capital Humano planea presentar una denuncia sobre el incidente de ayer en los juzgados federales, alegando que el principal espacio involucrado en la manifestación es el del diputado nacional Juan Grabois. El presidente Javier Milei se pronunció en su cuenta de X respecto al diputado Itai Hagman, quien fue grabado afuera del edificio durante el altercado. “Me acerqué cuando me avisaron que estaban por reprimir a los estudiantes”, justificó en sus redes. Desde la Secretaría de Educación, apuntaron a la participación de miembros de ATE y de la Conadu.
La protesta comenzó frente al edificio de Pizzurno 935, sede de la Secretaría de Educación de la Nación, y culminó con el ingreso al hall. Videos en redes sociales mostraron a numerosos jóvenes atravesar la entrada, a pesar de la resistencia de los agentes de la Policía Federal Argentina. Los manifestantes anunciaron: “Vamos a hacer una sentada pacífica”. Participaron estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de San Martín.
Los protestantes también demandaron una actualización de la Beca Progresar y realizaron un llamado a la comunidad para concentrarse frente al Palacio. Habían anticipado que permanecerían allí hasta ser atendidos por el secretario de Educación, Carlos Torrendel. Sin embargo, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ordenó no negociar. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, fue el encargado de implementar esta instrucción.
“Si lo querían hacer, lo podían hacer por mesa de entradas. No vamos a considerar ningún reclamo en particular”, afirmó una fuente de Capital Humano. Otro portavoz oficial agregó: “Fue una demostración eminentemente política que presagia lo que puede ser la semana que viene. Ellos quieren que esto sea París”, en referencia a las numerosas manifestaciones estudiantiles en la capital francesa.
Las fuentes del Ministerio de Educación estiman que la marcha de la próxima semana podría reunir a decenas de miles de personas, aunque consideran que no alcanzará la convocatoria de años anteriores. “A los rectores y a las agrupaciones universitarias les cuesta más atraer a un gran número de manifestantes. Por eso, están agrupando diferentes causas como Discapacidad y la Ley de Tierras”, comentó una fuente cercana a la cartera educativa.
Este análisis se sustenta en la condición impuesta a los rectores de las universidades más grandes de que las facultades permanezcan abiertas durante la movilización. “Tendrán que tener clases o al menos la mayor cantidad posible. Que propicien la marcha si lo desean, pero si no cumplen no habrá fondos”, añadieron.
El reclamo se produce a raíz de una resolución del juez federal Martín Cormick, quien declaró inconstitucional una cláusula del decreto 759/2025, que condicionaba la vigencia de la ley a que el Congreso definiera sus fuentes de financiamiento. Cormick ordenó al Gobierno que dictara las medidas necesarias para implementar la norma de manera inmediata, argumentando que la cláusula del Ejecutivo equivalía a un veto encubierto, lo cual no es permitido por la Constitución.
El conflicto se inició en agosto de 2025, cuando el Congreso aprobó la ley 27.795, destinada a asegurar el financiamiento de la educación superior. Aunque el presidente Javier Milei decidió vetarla, ambas cámaras rechazaron ese veto con la mayoría de dos tercios requerida por la Constitución y forzaron su promulgación. Al hacerlo, el Gobierno añadió una salvedad que en la práctica suspendía su aplicación, exigiendo que el Poder Legislativo identificara los recursos necesarios para financiarla. La resolución judicial anuló esa condición.
Isabel González Puente, estudiante de Ciencias de la Educación y consejera de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, explicó que la protesta comenzó como una sentada en el exterior del Palacio y se transformó en un intento de ingreso “en busca de respuestas”. “Ya llevamos más de un año con una Ley de Financiamiento Universitario aprobada. No podemos seguir esperando que el Gobierno cumpla algo que ya la sociedad argentina le pidió que hiciera”, afirmó González Puente.
Desde el interior del edificio, Valentina Bär Larralde, presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA, relacionó la protesta con movilizaciones pasadas, clases públicas y peticiones de la comunidad universitaria. “Nos cansamos de mendigar lo que nos corresponde”, concluyó.
