El fondo británico ha solicitado un proceso de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el cual ha sido admitido. Burford ya había anticipado su intención de recurrir a esta instancia tras la derrota sufrida en el juicio por la expropiación de la petrolera en marzo.
Fuentes oficiales confirmaron que la Procuración Nacional del Tesoro está trabajando en la estrategia defensiva del país para este arbitraje. “Se venía preparando para esta eventualidad”, señalaron.
En 2015, Burford adquirió por 15 millones de euros los derechos de litigio de dos empresas del Grupo Petersen, que habían quebrado en España debido a la nacionalización tras no poder cumplir con los créditos adquiridos para adquirir su participación del 25% en la empresa petrolera.
Junto con el fondo Eton Park, las empresas demandaron a Argentina en Nueva York, argumentando que el Estado actuó como un inversor privado y no respetó las normativas del mercado relacionadas con la petrolera estatal.
En marzo de este año, la Justicia estadounidense falló a favor del país, desestimando una condena que alcanzaba los 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF. Ahora, Burford se orientará al arbitraje en el CIADI, un enfoque que difiere del litigio anterior, lo que requerirá que los demandantes presenten una nueva demanda y argumentación.
El arbitraje es una opción que poseen tanto empresas como Estados cuando son parte de un tratado de inversiones. En este contexto, el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre Argentina y España de 1991 proporciona el marco necesario para estas disputas ante el CIADI. En lugar de un fallo, se emitirá un laudo que resolverá la controversia, favor o en contra de alguna de las partes, al concluir el arbitraje.
Burford aún puede solicitar llevar el asunto ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en el marco de las acciones legales. En un plazo máximo de 90 días, comenzará la constitución del tribunal arbitral. Una vez establecido, se acordará, junto a las partes, un calendario procesal que regirá las distintas etapas del procedimiento.
Si bien no hay estimaciones sobre la duración del proceso, se destacó que los arbitrajes suelen ser lentos, pudiendo extenderse por años. Además, el flujo de información cambiará respecto al juicio en Nueva York, ya que las reglas de confidencialidad de los arbitrajes internacionales pueden restringir la información que las partes pueden divulgar durante el proceso.
“La Procuración buscará mantener informada a la opinión pública en la mayor medida posible”, afirmaron las fuentes oficiales.
“La República Argentina defenderá su posición con la misma determinación con la que lo hizo en el ámbito judicial. Vamos a seguir defendiendo los intereses de nuestro país en cada una de las instancias que se presenten. Estamos preparados”, concluyeron los abogados que representan al país.
