El núcleo de la reforma se centra en modificar el Nomenclador de Prestaciones Básicas, que ya “no incluirá valores universales”, tal como se indica en el presupuesto. Esto implica que el listado con los aranceles de referencia para obras sociales, prepagas y prestadores de servicios a personas con discapacidad quedaría sin efecto.
Otro aspecto esencial de la propuesta es la intención de retornar al régimen de pensión por invalidez, lo que significa que poseer un Certificado Único de Discapacidad (CUD) no garantizará el acceso a las prestaciones. Además, quienes cuenten con empleo registrado no podrán recibir este beneficio.
La eliminación de disposiciones clave se refleja en el Capítulo VI del Presupuesto 2027, donde los artículos del 36 al 41 sustituyen o derogarán elementos fundamentales de la ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, así como alteran de forma permanente las leyes 13.478, que regulan las pensiones no contributivas por invalidez laboral, y la 24.901, que establece el sistema de prestaciones básicas de atención integral a la discapacidad, vigente desde 1997.
“El nuevo texto elimina dos principios fundamentales. Que los aranceles sean iguales para todas las obras sociales, prepagas y el Estado. Que esos aranceles se actualicen automáticamente mediante el índice de movilidad jubilatoria. Y ahora establecen expresamente que ‘la universalidad no implicará la homogeneidad de aranceles’”, señaló el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.
De este modo, aunque la propuesta garantiza formalmente “la universalidad de la atención” dentro del sistema de prestaciones, la modificación desregula los aranceles obligatorios y “las modalidades de financiamiento”. Se introducirá un “piso mínimo prestacional común, definido por estándares de calidad, oportunidad y adecuación de la prestación”. Cada obra social o prepaga podrá fijar los precios y cubrir las terapias que considere, de acuerdo con el análisis de la oposición.
“Eliminan el criterio de arancel único para todo el sistema y sustituyen una regla objetiva por un esquema fragmentado, discrecional e incierto para prestadores y personas con discapacidad”, criticó Ferraro en sus redes sociales. “Toda esta crueldad tiene lugar mientras el sector enfrenta una emergencia reconocida por ley, con instituciones al borde del colapso, prestaciones desactualizadas y miles de familias desamparadas”, agregó.
Al mismo tiempo que se otorga mayor discrecionalidad a los prestadores privados, cuando se trata de prestadores públicos, los aranceles deben ser determinados trimestralmente por la Secretaría Nacional de Discapacidad, es decir, bajo control gubernamental.
“Si ese ajuste no se lleva a cabo dentro del período establecido, el texto estipula que se deberá usar como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)”, detalla la normativa.
Entre las disposiciones eliminadas también se encuentra el estudio anual de costos de cada prestación, que permitía ajustar los aranceles para reflejar aumentos en componentes no contemplados por el IPC, una de las demandas principales de las federaciones de prestadores, según la oposición.
El diputado nacional Juan Marino, de Unión por la Patria, afirmó que el proyecto enviado al Congreso tiene como objetivo “desmantelar la Ley de Emergencia en Discapacidad” y calificó la propuesta de “ilegal e inconstitucional”. Específicamente, destacó que con la “fragmentación del sistema” al eliminar los valores únicos, habrá “una presión a la baja de los aranceles por parte de los grandes financiadores y un riesgo inminente para la continuidad de las prestaciones”.
El texto también reforma el artículo 9° de la Ley 13.478, que otorga al Poder Ejecutivo la facultad de conceder “una pensión inembargable a toda persona sin suficientes recursos, no amparada por un régimen de previsión y mayor de setenta (70) años de edad o imposibilitada para trabajar, conforme a los requisitos establecidos en la reglamentación”.
Marino considera que el cambio reinstaura el modelo de “invalidez laboral” y abandona “el modelo social de derechos humanos estipulado por la Convención, retrocediendo hacia un criterio médico desactualizado”.
“Se elimina por ley el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como medio para acceder a la pensión. Los criterios de acceso ya no son definidos por el Congreso: quedan absolutamente sujetos a la discrecionalidad de la reglamentación del Ejecutivo”, puntualizó el legislador en redes sociales.
Según la propuesta, se retira también la compatibilidad entre la pensión y el empleo registrado o el monotributo hasta dos salarios mínimos. Este nuevo artículo 37 establece que la “Pensión no Contributiva por Invalidez Laboral será incompatible con tener un vínculo laboral formal y/o estar inscripto en el régimen general y/o simplificado vigente”.
Además, se derogará el artículo 8 de la ley de emergencia en discapacidad, que aseguraba la cobertura médica obligatoria para los titulares de pensiones no contributivas. Otro cambio relevante es la prohibición del traspaso automático de beneficios preexistentes, al anularse el artículo 9º de la Ley 27.793, lo que impedirá que quienes ya reciben una pensión se integren de manera automática al nuevo esquema de protección social con todas las garantías.
El artículo 38 también modifica las restricciones que impedían financiar estos programas mediante recortes a otras partidas de servicios sociales, según indica el análisis de Marino.
La Cámara baja tenía planeado reanudar hoy el debate sobre los proyectos para prorrogar la emergencia en discapacidad durante un plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda.
El cronograma fue aprobado con 249 votos en la última sesión. Entre los puntos a tratar se encuentran el estancamiento en el otorgamiento de pensiones no contributivas por invalidez laboral, los retrasos en los pagos, el congelamiento de aranceles y el cierre de centros de día.
Lo cierto es que las modificaciones en el Presupuesto 2027 tendrán repercusiones en esta agenda legislativa. Los miembros de la oposición se preparan para ejercer una confrontación, lo que generará incomodidad entre los aliados. El diputado nacional Esteban Paulón, de Santa Fe, recordó que esta propuesta surge tras la promoción por parte de la Libertad Avanza, junto con aliados, de una iniciativa propia para abordar la emergencia en discapacidad. “Es un retroceso y conlleva la eliminación de las prestaciones universales”, concluyó.
