La causa Vialidad se origina en acusaciones de que se habrían construido rutas que no conectaban con ninguna parte y que se pagaron tramos que nunca se materializaron, así como una supuesta asignación desmedida de obras viales a Santa Cruz, la provincia natal de Kirchner. Durante el juicio, la defensa liderada por Carlos Beraldi logró desmantelar estas afirmaciones, dejándolas sin sustento. Entonces, ¿qué quedó de la condena? El argumento sustentado en que Cristina Kirchner había favorecido a Austral Construcciones mediante el mencionado decreto, que había destinado fondos para la construcción de rutas. Este decreto, que sigue vigente hasta la fecha, fue utilizado por las administraciones de Javier Milei y Luis Caputo, quienes desviaron esos fondos sin que se haya llevado a cabo la construcción de una sola ruta. En la gestión de Macri, el dinero dispuesto por este decreto se utilizó para satisfacer a empresas aliadas, mientras muchas constructoras fueron excluidas, argumentando que estaban siendo sometidas a investigaciones.
Cabe destacar que la acusación y posterior condena contra CFK presentan serias inconsistencias, ya que la administración de este fondo no estaba a cargo del Poder Ejecutivo, sino de Vialidad Nacional, que actúa como un ente autónomo. A lo largo de tres años de juicio, no se presentó un solo testigo o funcionario que confirmara que Cristina hubiera autorizado algún pago o impartido instrucciones al respecto. Kirchner fue condenada por la presunta administración fraudulenta de un fondo que ella no controlaba, y respecto de obras que fueron licitadas, adjudicadas y supervisadas en su territorio. Todas estas iniciativas recibieron el aval del Congreso Nacional.
El nuevo testigo presentado el martes por los abogados de Cristina, Carlos Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego, fue Darío Andrés Levy, ex integrante del departamento de Presupuestos de Vialidad Nacional. Levy, que figuraba como testigo de la fiscalía y se esperaba que declarara en contra de CFK y otros acusados en la causa Cuadernos, mostró una planilla Excel donde se detallaban los pagos a las constructoras de todo el país en función del decreto 54. El equipo de defensa de Cristina decidió entregar esta nueva evidencia a un equipo de renombrados economistas de Brasil, liderados por Antonio Correa de Lacerda, para que realizaran un análisis. Los resultados fueron sorprendentes. El estudio revela que Báez y Austral Construcciones, a quienes supuestamente beneficiaba la expresidenta, apenas recibieron el 0,85 por ciento del total de los pagos realizados, es decir, menos del 1 por ciento, y no se encontraban entre las 20 empresas que más habían cobrado. A lo largo de los seis años investigados en la causa Vialidad, que abarcan desde 2009 hasta 2015, Báez percibió 18 millones de dólares, una cifra ínfima en comparación a los 2.200 millones de dólares que se distribuyeron en total y muy lejos de los 360 millones de dólares que recibió, por ejemplo, el primo del ex presidente. Por lo tanto, queda en evidencia que la versión de que Cristina buscó favorecer a Báez carece de sustento, dado que, en realidad, favoreció a Calcaterra y otras constructoras ajenas a su gobierno.
Desde el inicio del proceso de Vialidad, la defensa de Kirchner siempre requirió la realización de una pericia que abarcara todas las obras del país, para poder comparar la situación en Santa Cruz y detectar posibles anormalidades. Sin embargo, tanto la fiscalía como el tribunal oral, la Cámara de Casación y la Corte Suprema se negaron a llevar a cabo un estudio tan básico que permitiría obtener una perspectiva más clara sobre la construcción de rutas en Argentina. Gracias a esta nueva prueba, se puede concluir que no hubo favorecimiento hacia nadie, y que la situación de Báez dista mucho de ser la de una constructora que se benefició desmesuradamente con la mayor cantidad de obras.
Un dato adicional de gran relevancia es que la fiscalía, liderada por Diego Luciani, también presentó otra evidencia conocida como el plan borrar todo: una supuesta reunión entre Cristina y Báez pocos días antes de que la ex presidenta dejara su cargo en diciembre de 2015, donde se habrían pactado pagos por 500 millones de dólares para saldar todas las deudas que el Estado mantenía con Austral Construcciones. Sin embargo, ambas afirmaciones han sido desmentidas, y ahora la planilla presentada por Levy demuestra que no hubo ningún pago a favor de Báez en 2013, 2014 ni 2015. Por lo tanto, se refuerza la conclusión de que no se realizó ningún pago al final del mandato de Cristina, lo que convierte toda la acusación en un fraude.
“Esta es una construcción judicial insostenible”, resumió Valim durante la conferencia de prensa ofrecida por los abogados de la expresidenta.
Respecto a los pasos a seguir, los abogados informaron que su prioridad es incluir las conclusiones derivadas del nuevo testigo en la presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Este organismo tiene previsto reunirse a partir del lunes 26 de octubre en Ginebra. Como señaló Borrego, tras la interrupción del financiamiento de Estados Unidos, la cantidad de reuniones anuales del Comité se redujo de cuatro a dos, lo que ha generado una acumulación de temas por tratar. Esto hace que sea difícil prever si podrán abordar la situación de la expresidenta.
Las conclusiones sobre la principal prueba del fallo condenatorio serán integradas en una adenda a la presentación original, pero el objetivo sigue siendo el mismo: lograr que se suspendan los efectos de la inhabilitación especial perpetua impuesta a Cristina, permitiéndole así postularse nuevamente. Borrego efectuó una analogía entre las irracionalidades del personaje Don Quijote y las del fallo de Vialidad, donde se destaca que el fallo de 1.686 páginas dedica apenas 11 renglones para explicar la inhabilitación especial perpetua, algo que vulnera derechos humanos. Así, en solo 11 renglones se priva a una figura política de su capacidad de participar en la política.
El segundo camino a seguir, luego de que se pronuncie el Comité de la ONU, será presentar un recurso de revisión ante la Cámara de Casación. De acuerdo con el Código Procesal, este tipo de presentaciones son viables cuando se presenta una prueba que no se conocía en el momento de la condena. En este caso, la nueva evidencia aportada por el testigo y la proporción de los pagos constituyen una base sólida para dicha revisión. Este recurso debe ser evaluado por jueces que no hayan tenido intervención en el expediente hasta el momento.
Beraldi mencionó que los magistrados de la Casación están facultados para dictar una medida cautelar que suspenda los efectos de la condena mientras se examina el fondo del caso.
Los dos letrados internacionales realizaron observaciones significativas desde una perspectiva política. Valim destacó que “no se trata de una cuestión solamente jurídica. Estamos hablando de la salud de la democracia. En una democracia sana, esta condena es insostenible”. Por su parte, Borrego también consideró que debería haber una resolución política, argumentando que “la democracia no puede tolerar que las cosas continúen de esta manera”.
“Cristina es una militante política”, concluyó Beraldi. “Como tal, tiene una fortaleza indescriptible. Ella y todos tenemos la expectativa favorable de que todo esto avance. Pero no se desespera, porque tiene la paciencia suficiente para saber que esto es una batalla. Y se prepara. Está preparada. Todos los días hace gimnasia, todos los días estudia la realidad y tiene confianza de que, al final, la verdad se va a imponer. Lo que sí puedo asegurar es que no la vencerán. Eso seguro.”
