Entre los temas más recurrentes en las propuestas de la oposición se destaca el endeudamiento familiar. No es la primera vez en este año que este tema, que afecta a 6 de cada 10 familias, ha sido abordado en la Cámara de Diputados. Otro tema relevante se vincula a los trabajadores de aplicaciones como Uber, Cabify, Rappi o PedidoYa, que han emergido como una opción para quienes han perdido sus empleos o necesitan complementar su ingreso.
No obstante, la falta de presidencia en las comisiones encargadas de evaluar estas propuestas y el hecho de que parte de la Cámara baja responda a gobernadores que prefieren mantenerse alineados con el Presidente, al menos hasta que se cierren los acuerdos electorales, están dificultando el avance de estas iniciativas. A este panorama se suma el fortalecimiento del oficialismo tras las elecciones de medio término en ambas Cámaras, lo que requerirá una considerable coordinación entre los diversos bloque para el progreso de cada iniciativa.
Con el receso invernal ya superado, han surgido una serie de nuevas iniciativas centradas en el endeudamiento. Las declaraciones desafortunadas de Milei, al afirmar que se trata de un asunto “entre privados” y preguntando: “¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?”, han funcionado como catalizador.
Por ejemplo, el socialista Esteban Paulón ha presentado cuatro proyectos que abordan esta problemática desde diferentes enfoques. Uno de ellos busca que las Fintech sean reguladas y supervisadas por el Banco Central, con el objetivo de garantizar un piso mínimo que asegure un otorgamiento de crédito responsable. Esta propuesta establecería límites en las tasas de interés, alertas sobre sobreendeudamiento, consentimiento explícito antes de ofrecer créditos o habilitar débitos automáticos, así como una prohibición de prácticas discriminatorias.
Adicionalmente, Paulón propone otra norma que limita la cobranza abusiva con el fin de evitar que una deuda se convierta en una forma de hostigamiento. La regulación estipularía restricciones en las prácticas de cobranza y protegería al consumidor frente a llamadas excesivas, amenazas y otras formas de presión abusiva.
Una tercera iniciativa busca obligar a las empresas a responder a los reclamos planteados por asociaciones de consumidores sin requerir poderes formales, facilitando la resolución rápida de conflictos sin necesidad de judicializar la situación.
Finalmente, Paulón promueve una modificación de la ley de Concursos y Quiebras que permita a los consumidores sobreendeudados de buena fe acceder a una salida judicial para cancelar sus deudas en un plazo de hasta un año o pagarlas en un plan de hasta tres años, con la posibilidad de revisar y reducir los intereses abusivos, garantizando que no pierdan los elementos esenciales para vivir.
El radical Pablo Juliano, quien comparte bloque con Paulón, también se ha enfocado en el endeudamiento familiar y busca abordar la situación de 6 millones de argentinos que enfrentan deudas con billeteras virtuales y que tienen más de 90 días de mora. Su propuesta busca regular las prácticas abusivas de las Fintech y establecer mecanismos de reinserción para aquellos consumidores en crisis. En concreto, pretende fijar estándares de transparencia, responsabilidad e inclusión financiera que no perjudiquen la dignidad de los usuarios.
Entre las medidas que incluye, se encuentra la regulación de los “patrones oscuros” y la gamificación, prohibiendo las interfaces diseñadas para ocultar el costo real del crédito y fomentar un endeudamiento acelerado, así como la presión a través de notificaciones constantes sobre créditos preaprobados.
Juliano también contempla la realización de auditorías sobre algoritmos y scoring crediticio, exigiendo que los sistemas de evaluación crediticia sean claros, auditables y cuenten con mecanismos de revisión humana para evitar sesgos o falta de transparencia en las decisiones. Al igual que Paulón, se enfoca en la protección frente a cobranzas abusivas, prohibiendo la hostigación y la intimidación en el manejo de la mora.
Por otro lado, un grupo de aproximadamente 20 diputados, liderados por la peronista Victoria Tolosa Paz, ha presentado un proyecto de ley que busca brindar una solución a la población endeudada, en especial a quienes cobran por medio de billeteras digitales y enfrentan sobreendeudamiento.
En líneas generales, esta propuesta estipula que las decisiones tomadas mediante sistemas automáticos deben contar con mecanismos de revisión humana, y que los datos utilizados para analizar la capacidad de pago deben tener reglas claras de protección.
Además, establece que la tasa de interés compensatorio no podrá superar el promedio de las tasas del sistema financiero para préstamos personales, publicado por el Banco Central, ni podrá ser eludida a través de comisiones u otros cargos. También se exige que el Costo Financiero Total sea informado de manera clara y comprensible antes de la contratación.
Otro aspecto crucial de esta iniciativa es la protección de prestaciones alimentarias, como la AUH o la Asignación por Embarazo, especificando que estos fondos no pueden ser afectados por débitos automáticos ni cobros recurrentes para pagar préstamos, siempre preservando la opción de pago voluntario por parte del titular.
El peronismo también ha rescatado un tema que emergió durante el debate sobre la Modernización Laboral de Javier Milei: los trabajadores de aplicaciones. A diferencia de la propuesta oficialista que buscaba clasificar esta relación como “comercial”, el peronismo se enfoca en establecer regulaciones que garanticen derechos para estos trabajadores.
Los integrantes de la bancada que lidera Germán Martínez están promoviendo modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo para incluir la gestión algorítmica. Esta propuesta se alinea con el Convenio 193 de la OIT, según el cual “no importa cómo la empresa clasifique la relación con el trabajador; si de hecho se trabaja en relación de dependencia, la ley lo reconocerá como trabajador”.
Esta modificación implicaría que ninguna plataforma puede encubrir una relación laboral a través de una app, garantizando a los trabajadores el derecho a comprender las decisiones automatizadas que los afecten, incluidas posibles sanciones.
Además, la sanción de esta ley obligaría a las empresas a transparentar los parámetros de sus sistemas algorítmicos y a asegurar que aquellos que son remunerados por producción, viaje o entrega conozcan cómo se determina su pago.
En paralelo, Vanesa Siley al frente de la bancada de la oposición ha presentado un proyecto de ley que busca proteger a quienes trabajan para aplicaciones. Entre los aspectos destacados, se establece la libertad horaria, permitiendo que cada trabajador decida su carga horaria, considerando como tiempo efectivo de trabajo el lapso desde que se loguea hasta que se desconecta de la app.
La propuesta también contempla la creación de estaciones sanitarias para repartidores en la vía pública, coordinadas con municipios, y la inclusión de un botón de emergencia para situaciones inseguras durante la jornada laboral.
Otra cuestión que aborda la iniciativa es la compatibilidad de estas actividades con planes sociales, educativos o de empleo, incluyendo la capacitación y proporcionando materiales de protección como cascos y seguros, así como vacaciones escalonadas según la antigüedad, sin penalizar la reputación digital.
Finalmente, la propuesta abarca cobertura de riesgos del trabajo con un régimen simplificado que incluya ART.
