La situación se intensificó recientemente con la intervención del gobierno nacional. Según trascendió, Mara Mentoro, directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, se sumó a las discusiones, comunicando que no habrá avances si persisten las protestas. Este marco genera una creciente preocupación sobre el futuro del conflicto, en un contexto marcado por bajos salarios y precariedad laboral. “Viene bravo el tema”, señalaron fuentes gubernamentales.
Julio César Ñancañanco, suboficial retirado que pertenece a la MUPP, destacó que “el policía ha perdido mucho terreno en lo salarial; hasta tenemos jefes de comisarías haciendo Uber o delivery”. Los agentes y oficiales en actividad comienzan con sueldos de alrededor de $ 900 mil, cifra que se repite en diferentes provincias, donde también empiezan a hacerse sentir los reclamos, con un pico especialmente notorio en Santa Cruz.
Además, en esta provincia se están llevando a cabo manifestaciones por parte de docentes, un fenómeno que se replica en varias provincias de la región patagónica. Recientemente, un intercambio entre una maestra y el gobernador Ignacio Torres en Chubut puso de relieve la problemática salarial de un sector con un historial de crisis en la educación; la docente expuso que su salario es de $ 720 mil.
Por su parte, en Tierra del Fuego continúan los paros por parte del sindicato docente, además de intensificarse la disputa con el gobierno provincial debido a la decisión de descontar los días no trabajados. Pablo López Silva, ministro de Educación provincial, afirmó: “Día no trabajado, día no pagado”, añadiendo que se ha otorgado al gremio la mayor posibilidad de diálogo.
Esta complicada situación social se desarrolla en un contexto en el que el Poder Ejecutivo Nacional concentra esfuerzos en negociar con los gobernadores. La reciente llegada de Diego Santilli a la jefatura de Gabinete fue marcada por la presencia de 14 mandatarios locales, en el marco de un diálogo multidimensional en torno a la crisis financiera, la reforma política y los intereses de cada líder local.
Los recursos fiscales están atravesando un momento crítico. La recaudación impositiva ha caído tanto a nivel nacional como, de manera particular, en relación con los impuestos coparticipables, según los datos de junio. Los ingresos tributarios, en términos reales, disminuyeron un 7,4% en comparación con el mismo mes de 2025. Aunque se debe considerar el cambio en el calendario del Impuesto a las Ganancias y la modificación de las retenciones, los tributos asociados a la actividad económica evidencian una caída que refleja un panorama de estancamiento productivo.
Si bien el impuesto a los combustibles y Bienes Personales experimentaron incrementos del 27,6% y del 9,5%, respectivamente, el principal tributo, el IVA neto, mostró una merma del 4% en términos reales en comparación con junio de 2025. Los aportes y contribuciones a la seguridad social también se vieron reducidos en un 3% ajustado por inflación.
El aspecto más preocupante es que los impuestos que se coparticipan han caído considerablemente. De acuerdo con estimaciones del Instituto Argentino de Responsabilidad Fiscal (Iaraf), en junio, la recaudación de tributos destinados a las provincias disminuyó un 5,9% en términos reales, lo que se traduce en más de $ 428 mil millones no girados. En el primer semestre, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires experimentaron una pérdida de más de $ 1,2 billones provenientes de impuestos nacionales.
Por lo tanto, se anticipan arduas negociaciones entre las distintas jurisdicciones y el gobierno nacional. Mientras la atención mediática se centraba en el presidente Javier Milei abrazando a Santilli y al saliente Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito, en Santa Cruz, la actualidad era otra. El gobernador Claudio Vidal se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, buscando acercar soluciones a los reclamos en Río Gallegos, donde la situación de los policías ha evidenciado la falta de recursos.
El Gobierno nacional anticipó a Santa Cruz $ 20 mil millones de la coparticipación, suma que la provincia deberá reembolsar. Este mecanismo fue habilitado por la administración de Javier Milei en abril mediante un decreto, para abordar una crítica situación financiera que, en caso de no mejorar la recaudación, seguirá sin solución a corto plazo.
