Este marco se fundamenta en la Ley de Seguridad Aeroportuaria N° 26.102, la Ley N° 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas, junto a su modificatoria N° 26.842, y el Protocolo de Palermo, ratificado por Argentina en 2002.
Los considerandos de la resolución argumentan que, “en los últimos años”, los aeropuertos se han consolidado como espacios clave para la movilidad humana y la creciente transnacionalización de delitos. Por esta razón, se considera fundamental “actualizar, fortalecer y promover mecanismos coordinados de actuación” por parte de los funcionarios de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en relación al abordaje integral de esta problemática.
El nuevo protocolo abarca la prevención, la detección temprana, la persecución y la investigación, así como el resguardo de las víctimas. Una de las principales novedades es la creación de la figura del referente de aeropuerto para tratar específicamente estos casos.
El primer artículo de la resolución aprueba el “Protocolo para la Detección Temprana de Situaciones de Trata de Personas en el Ámbito Aeroportuario”, que reemplaza el protocolo establecido en 2018. El texto subraya que la trata presenta una “constante mutabilidad” y que establecer patrones fijos resultaría “contraproducente” para identificar sus manifestaciones más recientes.
Además, la resolución incluye un anexo confidencial que proporciona indicadores y preguntas orientadoras para que el personal pueda confirmar o descartar un caso, así como el procedimiento a seguir tras una detección. Este documento no será difundido públicamente, ya que su divulgación “podría comprometer la eficacia de las acciones operativas e investigaciones en curso”.
Asimismo, el protocolo reitera un aspecto fundamental de la ley: que el consentimiento de la víctima “no tiene relevancia” para la configuración del delito, y las víctimas no son responsables penalmente por los delitos cometidos como consecuencia de haber sido objeto de trata.
Entre los principios que guían la actuación de la PSA se encuentran la urgencia y celeridad, el resguardo de las garantías constitucionales, la seguridad física de la víctima, la no revictimización —con una prohibición clara de “juicios de valor de carácter moralizante”— y el interés superior del niño en los casos que involucren a menores.
Una de las incorporaciones más novedosas es la instauración de la figura del Oficial referente en delitos de trata de personas dentro de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Según la norma, cada unidad operativa debe contar con dos referentes por turno, uno de ellos como coordinador, así como dos referentes por Unidad Regional y dos coordinadores generales a nivel del CEAC. En el ámbito de investigaciones complejas, cada equipo debe tener al menos un referente.
Este perfil priorizará la sensibilidad social y la capacidad de actuación serena, con un rango mínimo de Oficial Mayor. Es importante destacar que esta función no sustituirá las tareas habituales del oficial, sino que se activará en situaciones específicas que requieran su intervención, ya sea asesorando al jefe de turno o colaborando directamente con el sistema judicial.
El documento también actualiza el diagnóstico sobre la evolución del delito en los últimos años, señalando un cambio en la explotación, que ha pasado de lugares como bares o zonas de tránsito a departamentos particulares o comercios habilitados, como centros de estética. También menciona un aumento en la utilización de redes sociales y videojuegos online para la captación de menores. Se citan datos de la Organización Internacional para las Migraciones, que indican que el 20% de los viajes turísticos globales tiene fines de turismo sexual, mientras que esta proporción desciende al 3% en casos de explotación infantil.
