Las consecuencias fueron significativas: el mayor default de la historia, que ascendió a US$144.279 millones, representando el 53,8% del PBI de aquel entonces. Esto derivó en más de dos décadas de litigios, embargos y negociaciones que finalmente llegaron a su fin. El día de ayer, la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo para abonar US$171 millones a los fondos Bainbridge y Attestor, que eran los últimos holdouts con fallos judiciales favorables en su contra.
El proceso hacia este desenlace fue largo y complejo. El primer intento de acuerdo se hizo en 2005, cuando el entonces ministro de Economía Roberto Lavagna, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, propuso un canje que incluía una quita del 66% de la deuda. Los nuevos bonos incorporaron un mecanismo innovador: bonos vinculados al crecimiento del PIB, conocidos como bonos cupón PIB. Con el tiempo, esta herramienta también generó conflictos legales. La aceptación del canje de 2005 fue del 76% de los acreedores.
En 2010, con Cristina Kirchner como presidenta y Amado Boudou a cargo de Economía, se reabrió el canje y se logró aumentar la participación al 92,4%. Esto requirió la modificación de la Ley Cerrojo, diseñada por Lavagna para que los acreedores que no participaran en el canje no pudieran recibir futuras ofertas. Un 7,6% de los tenedores restantes inició acciones judiciales.
Ese litigio provocó un default técnico en 2014. Thomas Griesa, juez del Distrito Sur de Nueva York, impuso cautelares que impedían al país cumplir con los pagos a los bonistas que habían aceptado las reestructuraciones anteriores. Un acontecimiento particularmente significativo ocurrió en 2012, cuando el fondo NML-Elliott Capital Management, asistido por el abogado Dennis Hranitzky, logró confiscar la Fragata Libertad en el puerto de Tema, Ghana. Este incidente subrayó el alto riesgo al que estaban expuestos los activos del Estado en el extranjero y se convirtió en un símbolo de la fragilidad jurídica del país.
En abril de 2016, poco después de que Mauricio Macri asumiera la presidencia, el ministro Alfonso Prat-Gay y su secretario de Finanzas, Luis Caputo, llegaron a un acuerdo con los demandantes y pagaron US$9.300 millones a un grupo de tenedores insatisfechos. Griesa levantó las cautelares, permitiendo que Argentina superara el default técnico. En ese año, se lograron acuerdos adicionales que resolvieron otras demandas en Nueva York, elevando el total abonado a US$11.000 millones hacia 2019. La aceptación acumulada alcanzó casi el 99% de los tenedores originales.
No obstante, quedó un pequeño grupo que no aceptó ninguna propuesta, entre ellos Bainbridge y Attestor, que contaban con fallos judiciales favorables. El año pasado, tras el rechazo por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos a una apelación argentina, los fondos lograron embargar aproximadamente US$310 millones. Antes, el país ya había tenido que entregar títulos como garantía de los bonos Brady. Cuando en 2023 Argentina completó el pago de esas obligaciones, las garantías fueron liberadas y los fondos solicitaron su embargo. Bainbridge incluso solicitó a la jueza Loretta Preska en Nueva York la entrega de la participación argentina en el Banco Nación y en Aerolíneas Argentinas.
En marzo de este año, el Estado llegó a un principio de acuerdo y las partes decidieron suspender los procedimientos judiciales. La negociación incluyó una quita de entre el 30% y el 35%: Attestor redujo su reclamo de US$160 millones a US$104 millones, mientras que Bainbridge pasó de US$96 millones a US$67 millones. El acuerdo finalizó en US$171 millones, según detalló el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, ante el Congreso.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto el día de ayer. Para el Gobierno, este acuerdo elimina el riesgo de embargos futuros sobre activos estratégicos. El secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Juan Ignacio Stampalija, indicó que el acuerdo presenta condiciones favorables para el Estado, con una reducción de más del 30% respecto a los montos originales. “Damos un paso importante para cerrar otro capítulo de una historia que nunca debió llegar tan lejos”, afirmó.
Este proceso también ha dejado una marca en el sistema financiero internacional. La experiencia argentina con los fondos buitre popularizó las cláusulas de acción colectiva (CAC), que establecen que si un país deudor logra la aceptación de una mayoría en una oferta de canje, los términos se aplican automáticamente al 100% de los acreedores. Casi 25 años después del anuncio ovacionado en el Congreso, el capítulo finalmente concluye.
