Los jueces Hugo Navarro, Marcelo Bartomeu Romero y Gustavo Alterini establecieron que García es responsable de un homicidio doblemente agravado, dado que fue perpetrado en contra de quien mantenía una relación de pareja y que además la situación involucró violencia de género. Asimismo, se le imputó el delito de desobediencia a un funcionario público, ya que al momento de cometer el femicidio contaba con una orden de restricción que le prohibía acercarse a la víctima.
La condena fue consistente con lo que había solicitado previamente la fiscal María Luisa Piqué, quien se desempeña interinamente al frente de la Fiscalía N° 18 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional. A su vez, el tribunal remitió la resolución a ANSES para que se gestione una reparación para la hija de Mariel Jiménez, de acuerdo con la Ley N° 27452 “Brisa”, que establece un régimen de compensación económica para niños y adolescentes víctimas de violencia.
Por otro lado, se absolvió a García de los cargos por abuso sexual y amenazas coactivas que había denunciado la víctima. Según lo expuesto, el acusado “asfixió a la víctima dentro de su casa, situada en la calle Nicolás Dezcalzi al 5500, el 24 de mayo de 2024 entre las 6.15 y las 8.15 de la mañana”, había sido probado que “la ató de manos y piernas, la colocó sobre la cama y ejerció presión para evitar que se moviera y pudiese respirar, lo que ocasionó la muerte de Mariel”.
Tras cometer el crimen, García se comunicó con sus hermanos y, según su testimonio en el juicio, les comentó que “se había mandado una macana”. Cuando sus familiares llegaron, decidió trasladar el cuerpo sin vida de Mariel, envuelto en una frazada, hasta el Centro de Salud y Acción Comunitaria N° 3, donde lo dejó y se marchó. Esta acción fue captada por una cámara del Centro de Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad.
La fiscalía argumentó que el caso ilustra todos los factores asociados a la violencia de género: su naturaleza cíclica, la repetición de diferentes tipos de violencia y que no eran episodios aislados. Además, se subrayó que la víctima había denunciado a García en mayo de 2022, aunque, a pesar de recibir un botón antipánico y la asignación de vigilancia policial, el acusado la presionó para que retirara las acusaciones.
En el marco de este proceso judicial, se había dispuesto una consigna policial en el hogar de la víctima y se había ordenado prohibir el contacto y acercamiento. A pesar de que en octubre de 2023 se había solicitado intensificar la vigilancia, días antes del femicidio, la comisaría decidió levantarla, lo que resultó en la ausencia de un efectivo policial el día de los hechos.
