La orden de allanamiento fue emitida por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú y se realizó tras un seguimiento exhaustivo realizado por el personal especializado de la fuerza naval, que logró identificar el predio allanado.
Durante el procedimiento, se identificaron a tres individuos y se confiscó una variedad de objetos, incluyendo dos cornamentas de ciervo colorado, dos teléfonos móviles y documentación relevante para la investigación. Además, se incautaron un total de 29 escopetas de diversos calibres y marcas, un revólver y más de 15.000 cartuchos.
También se confiscó una considerable cantidad de trofeos de caza y otros elementos relacionados con la fauna silvestre, entre los cuales se encuentran decenas de mamíferos y aves disecados, cuernos con cráneo, colmillos, astas, pieles de animales silvestres, huevos de avestruz, muebles confeccionados con pieles y cuchillos con mangos de asta.
Durante la búsqueda fueron recuperados dispositivos de almacenamiento digital y material fotográfico, los cuales ya forman parte del expediente.
Este operativo se enmarca en una investigación que comenzó tras un allanamiento previo realizado por la PNA el 10 de junio en el coto de caza denominado “Médano Salvaje”, ubicado en Costa Uruguay Sur y administrado por la firma De Bernardis Hunting.
Al ser consultado sobre el allanamiento, uno de los propietarios del coto de caza rehusó hacer declaraciones, siguiendo una directiva de su abogado.
Según se ha indicado, los operativos en dicha provincia están relacionados con un supuesto pago de 40.000 dólares realizado por un turista brasileño, quien realiza actividades comerciales en Paraguay, para la caza de un ciervo colorado. Este incidente habría tenido lugar el 16 de marzo, aunque se conoció públicamente en días recientes.
Las fotografías del cazador junto al animal abatido fueron compartidas en redes sociales por el propio coto, convirtiéndose en una de las pruebas clave en el caso. Tras observar dicha publicación, la organización ambientalista Freeland presentó una denuncia a la Brigada de Control Ambiental, lo que llevó a los allanamientos mencionados.
En este contexto, el fiscal Rebollo y el juez Viri tienen sospechas de que el ciervo en cuestión pudo haber sido trasladado irregularmente desde un criadero en Roque Sáenz Peña, Buenos Aires, hasta el coto de caza mencionado. Según la investigación, se trata de un ejemplar de notable valor genético y comercial.
