En septiembre de 2024, la Legislatura de Salta aprobó la ley 8444, que estableció la Caja Interprofesional de Seguridad Social de la provincia. Este régimen, de carácter obligatorio, afecta a los matriculados del Colegio de Graduados en Nutrición y del Colegio de Profesionales del Servicio Social y Trabajo Social. La ley también contempla la posible incorporación de otras profesiones en el futuro.
El esquema establecido compromete el pago de aportes de montos fijos y la afiliación se realiza automáticamente al obtener la matrícula profesional. En ciertos casos de empleo asalariado, se ofrece la posibilidad de solicitar una suspensión o reducción de los aportes.
Desde que la ley entró en vigencia en febrero de 2025, un grupo de autoconvocados prosigue su resistencia y busca avanzar en una reforma. Están en diálogo con legisladores para que el sistema pase a ser de adhesión voluntaria, fundamentado en el ahorro individual, permitiendo la libertad de afiliarse o desafiliarse, y con aportes que estén vinculados a los ingresos reales de los profesionales, en lugar de ser montos fijos determinados por la dirección del sistema.
Si se aprueba el proyecto de reforma, presentado por los senadores provinciales Enrique Cornejo y Manuel Pailler, se transformaría la polémica caja en un modelo similar a un seguro de jubilación, que ofrecería un monto a futuro en línea con los beneficios del régimen jubilatorio general. Esta modificación representaría una diferencia significativa en comparación con las cajas profesionales en otras jurisdicciones, que funcionan como sustitutos del régimen general administrado por Anses. Cornejo señaló que hay posibilidades de ajustar el funcionamiento, dado que la caja en cuestión aún no ha otorgado beneficios.
Bettina Gómez, licenciada en Trabajo Social y portavoz de los autoconvocados, informó que de 1,200 profesionales afectados por la ley, 580 expresaron su desacuerdo. “Hemos presentado a ambas cámaras de la Legislatura documentación” que respalda nuestra postura, detalló.
Gómez también destacó que los profesionales que no están realizando aportes ya han acumulado deudas que oscilan entre $1.5 millones y $2 millones, cifra que se incrementa mensualmente. Por su parte, el senador Cornejo afirmó en la Legislatura que un “dato de la realidad” revela que el 70% de los abarcados por el régimen “no cuentan con los recursos económicos para cumplir con los aportes exigidos”.
Gómez comparó que mientras un monotributista “paga menos de…
