La iniciativa tiene como objetivo permitir que asociaciones civiles con recursos limitados, tales como clubes de barrio, centros de jubilados y sociedades de fomento, puedan regularizar su situación y mantener sus beneficios fiscales, aliviando la carga administrativa que enfrentan. Anteriormente, muchas de estas organizaciones encontraban obstáculos para conservar la exención del Impuesto a las Ganancias debido a la complejidad en los requerimientos de estados contables. Ahora, las entidades catalogadas como ‘Categoría 1’ tendrán la posibilidad de cumplir con sus obligaciones a través de un modelo simplificado de Estado de Recursos y Gastos.
Este nuevo marco está enfocado en asociaciones civiles que operan en territorio bonaerense y que se clasifican bajo la Categoría 1 de la DPPJ. Para ser parte de este grupo, las instituciones deben cumplir con ciertos requisitos específicos.
Las entidades beneficiarias ya no necesitarán elaborar estados contables complejos; en su lugar, solo tendrán que presentar un Estado de Recursos y Gastos que refleje adecuadamente sus registros contables. Además, este documento deberá contar con la aprobación de la Asamblea General Ordinaria y debe ser entregado ante la DPPJ dentro de un plazo de 120 días desde el cierre del ejercicio.
Una vez aprobada la documentación, la entidad provincial informará de manera directa a ARCA mediante una declaración jurada electrónica (Formulario 1266). Con ello, se activará en el sistema del organismo nacional el código ‘(584) – Asociaciones Civiles – BUENOS AIRES’, facilitando la obtención de la exención de Ganancias sin requerir trámites adicionales.
Esta normativa, que se puede también aplicar para regularizar deudas de años anteriores, permite que asociaciones que tengan balances pendientes de ejercicios pasados puedan cumplir con las normativas utilizando el nuevo modelo simplificado.
Al justificar esta decisión, los organismos subrayaron que las asociaciones civiles desempeñan una ‘función social de protección, contención, integración y tutela de los derechos de la ciudadanía, y constituyen un universo que presenta una composición heterogénea en cuanto al nivel de actividad y capacidad económica’, lo cual requiere un tratamiento diferenciado por parte del Estado.
Además, se enfatizó que el propósito es ‘propender al desarrollo de instituciones sólidas, transparentes y sostenibles en el cumplimiento de sus objetos sociales y en beneficio del bien común de la sociedad’.
La medida entra en vigor para los ejercicios que comiencen a partir del 1° de enero de 2025, mientras que la opción de regularización para ejercicios anteriores ya se encuentra disponible desde la publicación de la resolución.
