Aparte de la controversia generada por esta decisión gubernamental, Larreta ha mantenido una postura de fuerte oposición hacia la administración de Milei, a diferencia de otros excompañeros de su coalición, Juntos por el Cambio. Durante la campaña presidencial de 2023, Milei había centrado sus críticas en el entonces alcalde porteño, lo que acentuó la separación entre ambos.
En el contexto de una creciente cantidad de ataques verbales hacia periodistas y medios de comunicación, el gobierno de Milei prohibió el acceso de unos 60 periodistas acreditados a la Casa Rosada, restricción que podría extenderse hasta este viernes, según fuentes oficiales. Las razones aducidas para esta medida incluyen la necesidad de fortalecer una investigación relacionada con una supuesta infiltración rusa en medios de comunicación, así como una denuncia penal contra dos periodistas del canal Todo Noticias por supuestos actos de espionaje ilegal, tras la difusión de grabaciones que mostraban los pasillos y espacios internos de la Casa de Gobierno.
Javier Lanari, funcionario a cargo de prensa y comunicación oficial, defendió la decisión declarando que “la decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal”. “El único fin es garantizar la seguridad nacional”, añadió, destacando que esta medida tiene escasos antecedentes, ya que la sala de periodistas de la Casa Rosada permaneció abierta incluso durante gobiernos de facto.
La decisión provocó un fuerte rechazo por parte de diversas entidades periodísticas, que condenaron la acción y exigieron su revocación. Organizaciones como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y la Asociación de Periodistas de la República Argentina (Apera) expresaron su “máxima preocupación” respecto a esta situación, subrayando su “gravedad institucional” y su carácter “intempestivo”.
