El anuncio del Poder Ejecutivo tiene como objetivo transformar la estructura electoral de Argentina; sin embargo, inicialmente será necesario un complejo proceso de negociaciones entre el oficialismo y los gobernadores provinciales. Estos últimos están reticentes a apoyar la reelección del Presidente sin garantias que les permitan aspirar a hacer lo mismo en sus respectivas jurisdicciones.
Fuentes cercanas a la Casa Rosada confirmaron que, hasta el momento, la reforma no ha sido enviada al Congreso. Se anticipa que el Senado será la cámara de origen para el debate, ya que el oficialismo busca alcanzar consensos con las provincias, principlamente interesadas en aprobar o rechazar los términos impuestos por el Gobierno.
Una de las principales modificaciones en esta reforma es la eliminación del sistema de PASO, que se sustituirá con un mecanismo de avales biométricos en lugar de la afiliación partidaria en papel. Esta medida tiene como finalidad reducir el margen para la creación de los llamados “sellos de goma”, partidos políticos que suelen obtener porcentajes ínfimos de votos y funcionan gracias a avales que no siempre son genuinos.
Entre las novedades de este proyecto se contempla una reforma a la Ley Orgánica de Partidos Políticos, una cuestión que no había sido considerada en el debate previo a esta presentación.
La propuesta incrementa los requisitos para que un espacio político pueda ser reconocido como partido. Así, los grupos distritales deberán demostrar un número de afiliados equivalente al 0,5% del padrón electoral, con un límite de dos millones de votantes. Para alcanzar la condición de partido nacional, se requerirá presencia en diez distritos, el doble de lo que establece la normativa actual. Además, la personería se perderá si el partido no consigue al menos el 3% del padrón en dos elecciones consecutivas.
La Boleta Única de Papel permitirá votar una lista completa mediante un casillero diseñado para tal fin. En situaciones de simultaneidad electoral, esta boleta podrá incluir cargos provinciales y municipales, junto a los nacionales.
En el ámbito ético, la propuesta incluye la “Ficha Limpia”, que inhabilita a cualquier persona condenada por un delito doloso confirmado en segunda instancia para competir por cargos electivos. Esta restricción se extiende también al Poder Ejecutivo, afectando a ministros, secretarios, directores de empresas estatales y otros funcionarios de alto rango. Según el mensaje que el Presidente compartió en redes sociales, el objetivo es “terminar con la impunidad” y excluir a los condenados del ejercicio de la función pública.
