Un contundente proyecto de resolución presentado en la Cámara de Diputados ha suscitado una considerable controversia en torno a la diputada Lilia Lemoine, a raíz de sus recientes declaraciones sobre Ian Moche. La iniciativa, impulsada por Marcela Pagano y legisladores pertenecientes a diversas bancadas, propone un enérgico repudio institucional, la exigencia de disculpas públicas y la evaluación de posibles sanciones reglamentarias contra la representante de La Libertad Avanza (LLA), al considerar que sus expresiones revisten un carácter discriminatorio y lesivo contra un menor de edad con discapacidad.
Entre los diputados firmantes se encuentran Pagano (Coherencia); Gisela Scaglia, Esteban Paulón y Lourdes Arrieta (Provincias Unidas); Cecilia Moreau, Germán Martínez y Sabrina Selva (Unión por la Patria), además de Mónica Frade (Coalición Cívica). El núcleo del planteamiento reside en que las aseveraciones de la diputada Lemoine trascienden la mera opinión, constituyendo una forma de violencia simbólica y negacionismo de una discapacidad oficialmente acreditada.
El origen de la controversia: las declaraciones de la diputada Lemoine
La polémica se desencadenó luego de que la legisladora Lemoine afirmara en una entrevista televisiva que la progenitora de Ian Moche “lo hace actuar de autista”, en el marco de una discusión acerca de los menores y las redes sociales. El niño, de 12 años, constituye una figura prominente dentro de la comunidad autista y previamente había sido objeto de debate público en el contexto de la discusión sobre políticas de discapacidad.
Las declaraciones generaron un inmediato y generalizado rechazo, e incluso el entrevistador Esteban Trebucq intentó contener la situación en directo. No obstante, la diputada Lemoine posteriormente ratificó su postura a través de las redes sociales, incluyendo mensajes dirigidos específicamente a la madre del menor, lo que ha magnificado la repercusión política y social del incidente. En este contexto, diversos sectores de la oposición han coincidido en que se ha traspasado un límite inadmisible al involucrar a un niño con discapacidad en una disputa de índole política y mediática.
El proyecto contra Lemoine: repudio, disculpas y eventuales sanciones
La diputada Pagano, exintegrante de LLA, anunció formalmente la presentación del proyecto de resolución con una severidad considerable hacia Lemoine. En su comunicación pública, manifestó: “En la República Argentina, una diputada nacional ha atacado a un niño con discapacidad. Esto no constituye un exabrupto ni un error. Se trata de un límite que NO debe ser transgredido”.
Pagano enfatizó que “cuando el poder es utilizado para la humillación de un menor, el Congreso Nacional no puede permanecer indiferente” y aseveró que el silencio institucional “equivale a complicidad”. Bajo esta premisa, el articulado del proyecto exige cuatro medidas concretas: repudio institucional, presentación de disculpas públicas formales, retractación explícita de los dichos y la evaluación de la aplicación de sanciones disciplinarias.
Los fundamentos: niñez, discapacidad y límites a la libertad de expresión
En sus fundamentos, la iniciativa subraya que Ian Moche posee un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, expedido por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) tras una evaluación interdisciplinaria. Por consiguiente, se considera que la negación pública de su condición constituye una forma de discriminación directa. El texto resalta la existencia de una “doble condición de vulnerabilidad”: la niñez y la discapacidad.
Asimismo, se advierte que la libertad de expresión de los funcionarios públicos no es irrestricta cuando colisiona con derechos fundamentales protegidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Además, se califican las expresiones como un caso de “violencia discursiva agravada” y de revictimización indirecta hacia el niño y su núcleo familiar, con un potencial impacto negativo en su integridad psíquica y emocional.
El posible curso de acción en la Cámara de Diputados
El proyecto establece que las actuaciones pertinentes deben ser giradas a la Comisión de Asuntos Constitucionales y a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que son los órganos competentes para analizar la aplicación de eventuales sanciones dentro del cuerpo legislativo. “La política no es una contienda sin reglas. No todo está permitido. El poder no se construye menoscabando a un niño”, concluyó la diputada Pagano al defender la presentación de la iniciativa.
