La quiebra de Austral Construcciones permitirá la disponibilidad de $1681 millones para la Justicia, casi diez años después

Casi una década tras la quiebra de Austral Construcciones, la firma emblemática de Lázaro Báez ha finalizado la liquidación de sus activos más significativos con un resultado sorprendente: logró saldar la totalidad de los créditos verificados, incluidos los intereses, y aun así generará un remanente de al menos $1681 millones que, según el plan de distribución, será entregado a la Justicia Penal Federal. Esta información proviene del Proyecto de Distribución de Fondos V, la última rendición de cuentas del expediente “Austral Construcciones S.A. s/Quiebra”, que se encuentra bajo la supervisión del Juzgado Comercial 28, presidido por Pedro Manuel Crespo. Según el proyecto, el total de activos liquidados alcanza los $4.534.873.782, provenientes de la venta de bienes y de los intereses producidos por plazos fijos en que la sindicatura mantuvo los fondos a medida que avanzaba la liquidación. Báez, que fue uno de los principales contratistas de obra pública durante los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner, purga una pena de 15 años de prisión, aún en apelación, que condensa las condenas por 10 años por lavado de dinero en la causa que se conoce como “ruta del dinero K” y 6 años por administración fraudulenta relacionada con la “causa Vialidad”. A esto se suman otras sentencias: 4 años y medio por lavado de dinero en el caso de la estancia El Entrevero, en Uruguay, y 3 años y 6 meses por apropiación indebida de fondos destinados a la seguridad social de empleados del Grupo Austral. Entre los activos de la constructora que fueron subastados se encuentran la propiedad ubicada en Franklin D. Roosevelt 1780, en Buenos Aires; inmuebles en Río Gallegos y áreas de Tres Lagos y Comandante Luis Piedra Buena, en Santa Cruz; así como vehículos, maquinaria vial y el terreno del Obrador Central de la empresa, situado en las afueras de la capital santacruceña, el cual representa uno de los activos más valiosos del caso. Con estos fondos, la sindicatura pudo abonar el 100% de los créditos verificados por los acreedores —organismos gubernamentales, obras sociales, proveedores y exempleados—, además de pagar todos los intereses que habían quedado pendientes desde que se declaró la quiebra. Una vez satisfechos estos pagos, los síndicos informaron un excedente de $2.473.528.833,20, sobre el cual la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplicará un Impuesto a las Ganancias de aproximadamente $792,3 millones. Tras descontar este impuesto, el Proyecto de Distribución V estima que quedará un saldo de $1.681.226.543,73, lo que equivale a aproximadamente US$1,1 millones al tipo de cambio actual. Sin embargo, esta cifra no es aún definitiva, ya que dependerá de un litigio adicional también en curso: la disputa sobre los honorarios de los profesionales que llevaron a cabo la liquidación, que deberá ser resuelta por la Cámara de Apelaciones en lo Comercial. Respecto a la controversia sobre los honorarios, el estudio contable Stupnik & Stupnik, encargado de la sindicatura, apeló la cifra de $300 millones que le fijó el juez de primera instancia, solicitando que sus honorarios se incrementen hasta el máximo permitido por la Ley de Concursos y Quiebras, que es del 12%. El juez estableció un total de $450 millones para los beneficiarios de la distribución, equivalente al 9,93% de la base utilizada para calcular esos honorarios. Si se aplicara el tope del 12%, la suma total ascendería a aproximadamente $544,2 millones. Además, la sindicatura ha solicitado una regulación “adicional y complementaria” de $353,8 millones, para compensar honorarios que consideran insuficientes en las anteriores cuatro distribuciones de fondos. Este reclamo se suma a otros por parte de la sindicatura verificante y el abogado del acreedor peticionante, que totalizan otros $160,7 millones. La sindicatura argumenta que, dado que todos los acreedores ya han recibido el 100% de sus créditos, el aumento de los honorarios regulados no afectaría los pagos recibidos, sino que se destinaría a incrementar el remanente que recibirá la propia empresa en quiebra. Así, señalan que podría considerarse un “enriquecimiento sin causa” a favor de Austral Construcciones. Por lo tanto, el remanente final estará condicionado a la decisión de la Cámara Comercial sobre los honorarios regulados y las solicitudes adicionales. Si se aumentan los honorarios hasta el límite del 12%, disminuirá el monto disponible para la empresa en quiebra respecto a la estimación actual; mientras que si se ratifican las regulaciones inferiores y se desestiman las adicionales, quedará una cantidad mayor en el remanente. Independientemente de los resultados de la disputa, el destino del remanente no variará: tal como se especifica en el propio proyecto de distribución, el dinero será formalmente restituido a Austral Construcciones y estará disponible para la Justicia Federal, refiriéndose a los tribunales federales de Comodoro Py donde se investigan las causas de asociación ilícita, lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra Báez. Semanas atrás, el proceso de cobro contra los accionistas de la firma, incluyendo a Báez y su hijo Martín, fue suspendido. El juez Crespo determinó posponer esta causa —en la que la sindicatura reclama a ambos la devolutiva de fondos que, según afirman, retiraron como dividendos sin autorización de una asamblea de accionistas— hasta que se resuelva de manera definitiva la distribución de fondos. La deuda que se reclama a los Báez por este concepto, que según el balance de 2015 de la constructora era de $145 millones, se incrementó a casi $147 millones en 2016 y, ajustado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), equivaldría hoy a aproximadamente $17.750 millones, sin registro de que los accionistas lo hayan reembolsado. La decisión sobre los honorarios en cuestión queda ahora a la espera de la Cámara Comercial, que deberá determinar si aumenta los honorarios de los liquidadores al tope legal del 12%, mantiene las regulaciones actuales o acepta alguna de las solicitudes adicionales. De esta resolución dependerá la cantidad definitiva que quedará como remanente de esta significativa quiebra, que, según el proyecto de distribución, será destinada a la Justicia Federal.