La Cámara Federal rechazó la apelación contra el fallo de la jueza María Servini, que en mayo archivó una denuncia presentada por un particular contra el jefe de Estado. El denunciante luego amplió la presentación contra Karina Milei, hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia, por su intervención en la organización de esos viajes.
“Se trata, en definitiva, de cuestiones políticas que, en la medida en que, no se aparten de las normas vigentes ni permitan presumir la eventual comisión de un hecho ilícito, constituyen decisiones propias del Poder Ejecutivo Nacional, en el marco de las facultades que le son propias, que deben quedar exentas del control judicial”, sostuvo la Justicia en sus resoluciones.
Javier Adrián Garin presentó la denuncia en los tribunales de Comodoro Py contra Milei por los delitos de malversación de caudales públicos, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, a raíz de sus viajes al exterior.
El planteo sostuvo que el Presidente realizó gran parte de esos viajes, sobre todo a España y Estados Unidos, con fines personales: recibir premios, promover su figura en charlas y conferencias o mantener reuniones políticas con dirigentes de esos países. El denunciante afirmó que esas actividades no implicaban representar a la Argentina y que se financiaban con fondos del Estado.
Desde que asumió, en diciembre de 2023, Milei realizó 46 viajes al exterior. Estados Unidos fue el destino más frecuente.
La denuncia quedó en manos de la jueza Servini y del fiscal federal Carlos Rívolo, quienes ordenaron dos medidas de prueba preliminares. Solicitaron a la Secretaría General de la Presidencia un informe detallado sobre todos los viajes al exterior de Milei, con sus motivos y la indicación de si fueron oficiales, privados o mixtos. También consultaron a la Cámara de Diputados si el Congreso había pedido informes al Poder Ejecutivo sobre las salidas del país del jefe de Estado.
Tras recibir ambas respuestas, el fiscal Rívolo consideró que no había indicios de un posible delito que justificaran una investigación y pidió archivar la denuncia. “Considero que la detallada respuesta brindada por la Secretaría General de la Presidencia de la Nación en cuanto al carácter de los viajes al exterior realizados por el Presidente de la Nación durante su gestión, no ofrecen dudas en cuanto a que en todos los casos se trató de viajes de carácter oficial, especificándose en todos los casos el destino, las fechas, los motivos del viaje y sus asistentes”. sostuvo.
Y agregó: “más allá de que puedan gustar o no las razones o la finalidad de cada uno de los viajes oficiales del Presidente de la Nación, lo cierto es que se trata, en definitiva, de cuestiones políticas que, en la medida en que, como vimos en este caso, no se aparten de las normas vigentes ni permitan presumir la eventual comisión de un hecho ilícito, constituyen decisiones propias del Poder Ejecutivo Nacional, en el marco de las facultades que le son propias, que deben quedar exentas del control judicial”.
El fiscal también señaló que el Congreso había realizado pedidos de informes y que “desde el propio Poder Legislativo ya se han activado, de acuerdo a sus facultades, los mecanismos pertinentes para que se analicen las cuestiones relacionadas con los viajes al exterior del Presidente de la Nación que permitirán en un futuro establecer si puedo haber existido o no algún tipo de irregularidad en aquel sentido”.
En mayo, Servini archivó la causa a pedido de la Fiscalía. La jueza explicó que, sin impulso de la acusación, no podía avanzar con la investigación. Garin apeló y solicitó que lo aceptaran como querellante y que se reabriera el expediente.
El denunciante argumentó que podía intervenir como querellante porque, en su condición de ciudadano que paga impuestos, consideraba que el Presidente los utilizaba para costear viajes personales. También pidió investigar si Milei había incumplido su propia decisión administrativa 9/2026, que limitó la comitiva oficial de cada viaje.
La Cámara Federal rechazó el planteo. Hace diez días, los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico determinaron que Garin no podía ser querellante en el expediente. Para acceder a ese rol, señalaron, es necesario demostrar un “especial, concreto y directo perjuicio”, condición que no se cumple por el solo hecho de ser un ciudadano que paga impuestos.
Como no fue aceptado como querellante, los jueces no analizaron el pedido de reapertura. De ese modo, quedó firme el archivo de la denuncia contra Milei.
