La Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) inició una petición en Change.org para pedir que se apruebe la ley. Al mismo tiempo, diputados encabezados por Victoria Tolosa Paz, titular de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, solicitaron una reunión con los presidentes de las tres comisiones del Senado que analizan el expediente. La carta está dirigida a los libertarios Ivanna Arrascaeta (Salud), Nadia Márquez (Legislación General) y Gonzalo Guzmán Coraita (Justicia y Asuntos Penales). También la firmaron Mónica Frade, de la Coalición Cívica y una de las principales impulsoras del proyecto, y otros diez diputados, en su mayoría de Unión por la Patria (UP).
Los legisladores sostienen que dejar vencer la media sanción interrumpiría un proceso que pasó por cinco comisiones de Diputados, reunió 28 proyectos y recibió aportes de 48 especialistas. Si la iniciativa caduca, habría que volver a iniciar el trámite parlamentario, lo que demoraría la respuesta legislativa ante un problema que los firmantes consideran urgente.
El pedido se produce una semana después de que el Senado aprobara por unanimidad, a propuesta de la peronista Lucía Corpacci, una moción de preferencia para tratar el proyecto antes de que pierda vigencia. La decisión representó una señal política, pero no alcanza para asegurar su aprobación. Corpacci, quien presidió la Comisión de Salud hasta mayo de 2025, había presentado un proyecto propio sobre el tema. Sin embargo, mientras estuvo al frente de esa comisión, que encabeza el tratamiento de la media sanción de Diputados, la iniciativa no avanzó. Ahora, ante la próxima llegada del Papa y el riesgo de que el proyecto pierda estado parlamentario, reclama que se acelere su tratamiento.
En términos formales, la iniciativa mantendrá su estado parlamentario hasta el 1° de marzo de 2027. Sin embargo, noviembre se considera la última oportunidad para avanzar durante el período ordinario. Para tratarla en sesiones extraordinarias, entre diciembre y febrero, el Poder Ejecutivo tendría que incluirla en el temario, una posibilidad que en el Congreso juzgan poco probable. La oposición del Gobierno al proyecto no es nueva: La Libertad Avanza (LLA) votó en contra en Diputados, mientras que Pro y un sector del radicalismo se abstuvieron.
La Iglesia interviene y envía un mensaje al Papa
La Iglesia argentina reclama desde hace tiempo una regulación más rigurosa de las apuestas en línea, en particular por sus efectos sobre niños y adolescentes. En febrero de 2025, la Conferencia Episcopal Argentina, encabezada por Marcelo Colombo, envió una carta a la vicepresidenta Victoria Villarruel para pedirle que el Senado avanzara con la aprobación. Ahora, ante la visita de León XIV, la Comisión Episcopal de Pastoral Social volvió a participar con una petición pública que busca sumar adhesiones e impedir que la propuesta quede archivada.
La diputada Frade también llevó el planteo al Vaticano. En junio, mediante la Nunciatura Apostólica, envió una carta al Pontífice en la que describió el avance de las apuestas en línea en la Argentina, repasó el recorrido parlamentario del proyecto y le pidió que ayudara a “visibilizar la importancia de esta causa”.
León XIV ya se ha pronunciado sobre el tema. El Papa cuestionó la expansión de los juegos de azar, que calificó como “una plaga”. En su primera misa de Navidad como pontífice, citó un informe de Cáritas y alertó sobre sus consecuencias educativas, sanitarias y sociales.
Algunos datos permiten dimensionar la preocupación. Según UNICEF, el 24% de los adolescentes argentinos de entre 12 y 17 años apostó en línea alguna vez, y más del 60% de los chicos de entre 9 y 17 años conoce a alguien que lo hizo. Tres de cada cuatro escucharon hablar de apuestas por medio de la publicidad. A su vez, un relevamiento de la Cruz Roja Argentina indica que seis de cada diez adolescentes están expuestos a las apuestas en línea y que uno de cada ocho de quienes apuestan contrajo deudas.
Los principales puntos de la media sanción
Publicidad y promociones. Prohíbe anunciar juegos de azar y apuestas en televisión, radio, redes sociales, carteles, pódcast y eventos culturales. También impide la promoción indirecta a través de personas influyentes y figuras públicas. La restricción incluye la indumentaria deportiva y elimina los bonos de bienvenida.
Apuestas y deporte. Impide que las empresas del sector patrocinen equipos, deportistas, estadios y eventos. Además, quienes tengan vínculos directos o indirectos con compañías de apuestas en línea no podrán integrar listas electorales de asociaciones civiles deportivas.
Acceso de menores. Exige que las plataformas comprueben la identidad y la edad de sus usuarios mediante sistemas biométricos conectados con el Registro Nacional de las Personas (Renaper), tanto durante el registro como al iniciar sesión. La obligación también rige para las billeteras virtuales.
Autoexclusión y prevención. Crea el Registro Nacional de Autoexclusión (ReNa), que permitirá a las personas bloquear voluntariamente su acceso a las apuestas. Las plataformas deberán ofrecer herramientas de autoevaluación, exhibir historiales de juego, enviar alertas sobre el tiempo acumulado y fijar límites a las sesiones.
Medios de pago. Solo autoriza apuestas mediante tarjetas de débito y billeteras electrónicas sujetas a topes diarios. Prohíbe el uso de tarjetas de crédito y de cuentas vinculadas a la Anses.
Operadores. Fija condiciones para obtener licencias y excluye, entre otros, a quienes tengan determinadas deudas con el Estado o por cuota alimentaria, antecedentes por fraude, lavado de dinero o juego clandestino, o vínculos con funcionarios de organismos reguladores o con actividades deportivas.
Sanciones y juego clandestino. Prevé multas por incumplimientos y penas de entre tres y ocho años de prisión para quienes organicen apuestas sin autorización, con agravantes si hay menores involucrados. También contempla campañas de prevención y actividades escolares sobre apuestas en línea, ludopatía y educación financiera.
