La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso bajo la lupa las operatorias de pago utilizadas por anunciantes locales para contratar pauta publicitaria en Facebook e Instagram, las plataformas pertenecientes a Meta. La investigación busca determinar si la utilización de determinados circuitos de cobro para abonar servicios digitales del exterior sin la carga tributaria correspondiente vulnera las normativas fiscales vigentes, con un perjuicio económico preliminar estimado en más de 120 millones de dólares.
El foco de la pesquisa se concentra en la intervención de EBANX, una plataforma fintech de origen brasileño con presencia global que opera en más de 20 países y factura más de 1.000 millones de dólares. Si bien la operatoria general de la compañía es legal, el organismo fiscal analiza la modalidad específica mediante la cual se canalizan los fondos. En paralelo, las autoridades detectaron la difusión en redes sociales por parte de diversos creadores de contenido de medios de pago alternativos —también promocionados para suscripciones de entretenimiento y compras en plataformas internacionales de comercio electrónico— que prometen abonar transacciones en dólares a un costo menor y sin los recargos impositivos habituales de los canales financieros tradicionales.
La revisión del ente recaudador apunta a esclarecer si estos circuitos configuran un mecanismo destinado a eludir obligaciones tributarias clave, tales como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 21%, las retenciones del Impuesto a las Ganancias sobre pagos internacionales, los gravámenes al movimiento de fondos y la recaudación provincial de Ingresos Brutos por servicios digitales extranjeros. Las autoridades evalúan además el impacto competitivo que estas prácticas generan al otorgar ventajas desfavorables a las plataformas tecnológicas internacionales frente a los medios de comunicación locales.
Esta ofensiva fiscal se desarrolla en un contexto de mayor control sobre el ecosistema digital, coincidiendo con acuerdos recientes impulsados por el Ministerio de Economía junto a cámaras industriales y empresas de comercio electrónico para dar de baja publicaciones y perfiles dedicados a la comercialización irregular de productos como celulares, juguetes, cosméticos, neumáticos y notebooks.
