Dentro de la estructura de poder de Caputo, el antiguo director financiero de YPF se erguía como su principal figura política, llegando a ocupar un puesto creado específicamente para él.
Desde el inicio de la administración mileista, la relación entre el ministro Caputo y su primer secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, se caracterizó por ser tensa. Las decisiones técnicas y tarifarias tomadas por Rodríguez Chirillo no lograban satisfacer plenamente al ministro. Cabe señalar que a Caputo le generaba desagrado que un funcionario ajeno a su círculo de confianza gestionara un área tan crucial de la economía, además de mantener la relación con los líderes más influyentes de la industria energética.
La creación del cargo de “secretario coordinador de Energía y Minería” el 28 de agosto de 2024, por encima de los respectivos secretarios de ambos departamentos, comenzó a reorganizar el poder en ese ámbito. Con esta medida, Caputo no solo consolidó su control sobre dos áreas fundamentales de la estrategia económica del modelo exportador, sino que también envió un mensaje tranquilizador a los pesos pesados del sector, especialmente en lo que respecta al petróleo y la electricidad.
La comunidad empresarial en el sector energético no tenía objeciones relevantes respecto de Rodríguez Chirillo o Caputo, ambos bastante en sintonía con los intereses del sector. Sin embargo, la preocupación residía en el potencial “desencuentro” entre ambos funcionarios y en cómo estas desavenencias podrían acarrear complicaciones, algo que ya comenzaba a notarse. Con la elección de un nuevo funcionario que era familiar y compatible con sus intereses, los grandes grupos del sector validaron esta reestructuración política.
La renuncia de Rodríguez Chirillo, ocurrida seis semanas más tarde, se percibió como un mero formalismo, aunque resulta interesante examinar el proceso que condujo a la elección de su sucesora.
En octubre de 2024, el líder de la coalición PRO, en teoría por decisión propia, planteó al asesor presidencial Santiago Caputo discutir sobre el área energética. Propuso que, con la estructura de control ya definida bajo su tío, el PRFO podría contribuir a la nueva secretaría de Energía, la cual operaría bajo el mando de González, solidificando así una alianza en un tema clave para el modelo económico en curso.
Tras consultar con Toto, el asesor “libertario” aceptó la propuesta. El mismo día en que se agradeció a Rodríguez Chirillo por su labor, María Tetamanti, ex miembro del equipo de asesores en energía de Patricia Bullrich, fue designada como nueva secretaria del sector.
González expresó su satisfacción por este nombramiento y, de inmediato, organizó los roles. Tetamanti, junto a su equipo técnico, asumiría todas las funciones operativas relacionadas con regulaciones, tarifas y subsidios, mientras que el secretario coordinador se reservaba las negociaciones sobre grandes contratos, incluyendo privatizaciones y la renovación de concesiones, así como los temas vinculares con los principales grupos empresariales del sector.
No se dejaba nada al azar ni al “libre juego de la oferta y la demanda”.
En cuanto a las repercusiones de esta gestión, nadie puede negar que, durante estos dos años, las empresas del sector han alcanzado resultados altamente favorables. No solo transformaron a Vaca Muerta en una fuente de riqueza, sino que también el sector eléctrico gozó de una rentabilidad sin precedentes. Además, las salidas de empresas extranjeras del ámbito petrolero, gasífero y eléctrico fueron rápidamente contrarrestadas por grupos económicos locales que han expandido sus operaciones, realizando adquisiciones por montos significativamente mayores a los previos. La manera en que algunas de estas empresas obtuvieron los fondos para sus inversiones sigue siendo un enigma.
Sin embargo, el reparto de estos beneficios no fue comúnmente celebrado. La economía nacional no obtuvo ventajas palpables por contar con energía abundante y asequible, lo que podría haber potencialmente impulsado la competitividad internacional de diversos sectores productivos.
Asimismo, las provincias, a excepción de Neuquén, no se beneficiaron en la misma medida. Según el esquema vigente, resultado de la controvertida reforma constitucional de 1994, las provincias son responsables de las concesiones de explotación y las condiciones de licitación, pero es el gobierno nacional quien percibe las regalías y decide su distribución, lo cual no siempre satisface a las administraciones locales.
Como alternativa, algunas provincias optan por crear empresas estatales provinciales y obligar al concesionario a asociarlas con un 10% del capital accionario del consorcio ganador, asegurando así una participación directa en las utilidades. Otra opción para obtener beneficios provinciales es exigir al concesionario la realización de obras públicas, como la construcción de caminos, que el Estado nacional ya no garantiza. No obstante, esto es viable solo para unas pocas provincias, destacándose Neuquén por sus logros en esta área.
El esquema desigual de distribución validado por la gestión de Caputo y González fue generando tensiones entre los gobernadores y estos funcionarios. González solicitó apoyo al gobierno nacional ante los reclamos de los gobernadores, quienes se han vuelto aliados cruciales para la administración de Milei. En el momento más débil de Caputo, no pudo ofrecer dicha asistencia.
La renuncia de González, en última instancia, no fue un acto en contra de Caputo, sino una respuesta conjunta a la falta de respaldo del gobierno. De hecho, la decisión del secretario coordinador fue anunciada en el canal de streaming Carajo, a través del programa Las Tres Anclas, conducido por tres funcionarios cercanos a Caputo.
Este gesto no representa una protesta de González hacia Caputo, sino más bien un movimiento conjunto contra la Casa de Gobierno, cuyo liderazgo se asocia a Karina Milei. La elección de Caputo de destituir a su principal figura política fue forzada por las circunstancias y por la preferencia de la secretaria general de la Presidencia hacia los gobernadores.
Finalmente, desde el Palacio de Hacienda se ha indicado que, por el momento, no habrá sustituto para González.
