Con el respaldo de bloques aliados como el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y diversas fuerzas provinciales, la Cámara de Diputados de la Nación alcanzó el quórum necesario para iniciar una maratónica sesión legislativa. El temario principal abarca el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —que sufrirá modificaciones respecto de la sanción del Senado—, así como iniciativas sobre la emergencia en discapacidad y un régimen de alivio para la morosidad familiar.
La bancada oficialista aseguró los 129 legisladores necesarios en sus bancas gracias al acompañamiento de representantes alineados con gobernadores de Provincias Unidas e independientes de San Juan, Catamarca, Tucumán, Jujuy, Misiones, Salta, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Tras la reunión de Labor Parlamentaria, se estimó que el debate se extenderá por más de 17 horas, dedicando más de cuatro horas de discusión a cada uno de los tres ejes centrales de la jornada.
Al inicio de la sesión, la oposición intentó introducir de manera sobre tablas diversas iniciativas mediante pedidos de apartamiento del reglamento, aunque ninguna prosperó al no alcanzar la mayoría cualificada de dos tercios requerida:
Ley Segovia: Propuesta para modificar el Código Penal e impedir la prescripción de delitos graves contra menores mientras el imputado permanezca prófugo o en rebeldía. Tuvo 121 votos a favor y 120 en contra.
Emergencia en el Hospital Garrahan: Iniciativa para prorrogar la emergencia pediátrica en la institución de salud. Registró 125 votos afirmativos, 116 negativos y 14 abstenciones.
Emergencia Pyme: Reclamo para tratar medidas de auxilio al sector de las pequeñas y medianas empresas. Sumó 114 votos a favor, 122 en contra y 4 abstenciones.
Acceso Público a Informes de la SIGEN: Pedido para transparentar las auditorías de la Sindicatura General de la Nación. Alcanzó 122 votos a favor y 116 en contra.
El foco político de la jornada se concentra en las modificaciones a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Para destrabar la norma y sostener la vigencia de la desregulación económica implementada al inicio de la gestión nacional, el oficialismo acordó incluir un artículo específico que revalida los términos de la Ley de Tierras sancionada en 2011. La maniobra busca despejar los cuestionamientos judiciales que pesaban sobre los decretos del Poder Ejecutivo y dar certidumbre jurídica al régimen cambiario y dominial de inmuebles rurales.
Además de los textos principales, la orden del día incluye la incorporación al Código Penal del delito de vandalismo rural y el establecimiento de un marco regulatorio de trazabilidad estricta para medicamentos de alto riesgo, iniciativa impulsada de manera urgente tras recientes casos de contaminación de insumos hospitalarios.
